El Ministerio Público Federal (MPF) pidió que el ex Presidente brasileño Michel Temer, el ex ministro Moreira Franco y otros seis acusados por delito de corrupción sean arrestados nuevamente.
La solicitud de la Fiscalía se hizo en base a la llamada “Operación Descontaminación” que investiga denuncias sobre contratación irregular de empresas para poder desviar recursos de la estatal Eletronuclear, responsable de unas obras en la central nuclear de Angra tres, en Río de Janeiro.
Según la Fiscalía, se contrató a las empresas AF Consult Ltd, Argeplan y Engevix para poder recibir gratificaciones que iban a PDA Projetos, otra empresa propiedad del íntimo amigo de Temer, el coronel Joao Baptista Lima Filho.
La semana pasada, el Ministerio Público había presentado dos nuevas denuncias sobre el caso. Los involucrados responden por crímenes como corrupción, peculado y lavado de dinero.
De la justicia no estar de acuerdo con el nuevo reclamo de prisión, el MPF pedirá que el ex gobernante sea colocado en arresto domiciliario con monitoreo por tobillera electrónica.
Además, los investigadores quieren que se prohíba a Temer mantener contacto con los otros acusados.
La libertad de los siete se determinó hace una semana (25 de marzo) por una decisión del juez Antonio Ivan Athié, del Tribunal Regional Federal de la segunda región (TRF-2), en liminar (decisión de carácter temporal).
Al respecto, los fiscales regionales de la República afirmaron que la concesión del hábeas corpus por Athié representó “innegable violación del principio de la colegialidad”, la cual se mantuvo hasta el presente como patrón de juicio en todos los recursos relacionados a la operación anticorrupción Lava Jato en Río de Janeiro.
De acuerdo con el MPF, no había apertura jurídica para que el relator concediera el orden de habeas corpus en detrimento de la previa manifestación del MPF y del necesario debate entre jueces de la primera clase especializada.
El juez federal Marcelo Bretas, de Río, había dictaminado el arresto del líder del Movimiento Democrático de Brasil (MDB) después que la Fiscalía lo acusara de haberse favorecido de sobornos pagados por la constructora Engevix, a cambio de beneficiarla en contratos con la empresa estatal Eletronuclear.
En su gestión, el ex gobernante sufrió tres sonadas denuncias por corrupción pasiva, obstrucción de la justicia y formación de pandilla, pero usó todas las armas para archivar los expedientes, al detener toda investigación con un respaldo en la Cámara de Diputados.
Cuando entregó el sillón presidencial al político de extrema derecha Jair Bolsonaro el 1 de enero perdió el fuero privilegiado (que protege a políticos investigados penalmente) y la justicia reabrió varias causas que pesaban en su contra.
Temer asumió el poder en 2016 cuando se depuso a la Presidenta constitucional Dilma Rousseff mediante un golpe parlamentario y judicial.
Brasilia, 1 de abril 2019
Crónica Digital / Prensa Latina.
