Con contundentes muestras de rechazo a Prosur, cabildeos del gobierno con la oposición e importantes pasos de la justicia en el largo escándalo de abusos sexuales en la Iglesia, transcurrió en Chile la semana que concluye.
El domingo unas 30 mil personas de todas las edades colmaron el céntrico Paseo Bulnes, de esta capital, convocadas al concierto “Por el derecho a vivir en paz”, promovido por un amplio abanico de organizaciones sociales, sindicales, juveniles y políticas.
El evento resultó una contundente demostración a favor de la paz y la soberanía de los pueblos, exigiendo el respeto a la autodeterminación de Venezuela y en repudio a la visita que realizó al país el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro.
Una veintena de bandas musicales, cantantes y trovadores chilenos, se sumaron al concierto, convocado como la principal actividad de las numerosas que se realizaron en esos días, para rechazar el Encuentro de presidentes de América del Sur y la creación de Prosur, foro con clara tendencia neoliberal, acorde con las posiciones políticas de sus promotores.
El lunes, la encuesta Plaza Pública, de la consultora Cadem, reveló que la gestión gubernamental del presidente Sebastián Piñera es rechazada por el 50 por ciento de sus compatriotas, el nivel más bajo en lo que va de su segundo mandato, mientras que su gabinete resultó también mal parado, pues el 45 por ciento desaprueba su desempeño.
Con ese lastre, el mandatario promovió a lo largo de la semana acercamientos con los partidos de oposición, en un tono dialogante para conseguir respaldo a sus proyectos neoliberales.
La acogida ha sido diversa, y los partidos Comunista y Humanista y
la Federación Regionalista Verde Social rechazaron la convocatoria por considerar que obedece a una estrategia mediática para conseguir la aprobación de reformas como la de la ley tributaria, mediante la manipulación de los actores sociales, puesto que el oficialismo está en minoría en el Congreso.
En tanto, los partidos Radical, Socialista, Por la Democracia y Democracia Cristiana, acudieron al Palacio de la Moneda para sus respectivos encuentros con el mandatario, con el propósito de alcanzar entendimientos pero con suspicacias sobre los verdaderos fines del gobierno.
Para los próximos días están previstos encuentros del mandatario con los máximos dirigentes de partidos del Frente Amplio que aceptaron la convocatoria, aunque algunos señalaron no haber recibido aún la invitación.
Mientras tanto, la Corte de Apelaciones de Santiago dispuso que el arzobispado indemnice con 300 millones de pesos chilenos (cerca de 500 mil dólares) a los tres denunciantes de abusos sexuales por el cura Fernando Karadima.
El caso Karadima fue el detonador de la profunda crisis que estalló el pasado año en el seno de la Iglesia chilena y que todavía hoy la sacude, por las numerosas denuncias de abusos sexuales perpetrados por decenas de clérigos a todo lo largo del país.
La demanda civil fue presentada en 2013 por el abogado Juan Pablo Hermosilla, en representación de Juan Carlos Cruz, James Hamilton y José Andrés Murillo, quienes fueron víctimas en su infancia de los abusos cometidos por Fernando Karadima.
El falló contra el arzobispado obedece a su encubrimiento de los delitos de Karadima y es considerado aquí un hito en la impartición de justicia en todo lo relacionado con las denuncias de abusos en el seno de la iglesia chilena.
Santiago de Chile, 30 de marzo 2019
Crónica Digital /PL
