Se ha producido una especie de extraña polémica en torno a si es posible o no hacer una comparación entre Salvador Allende y Nicolás Maduro. Es una rara controversia, porque es obvio –o debiera ser evidente– que se trata de personalidades diferentes, de distintos contextos nacionales e internacionales, y de perfiles y decursos históricos propios. Se ha subrayado “la estatura de Allende como demócrata ejemplar”.
No hay duda alguna que Allende fue un demócrata ejemplar y un hombre de profundas convicciones republicanas. Pero fue derrocado por un golpe de Estado, que la derecha chilena en su conjunto aún reivindica.
El golpe de Estado fue perpetrado por las Fuerzas Armadas, pero fue posible porque contó con patrocinio de Estados Unidos, con la colaboración de la dictadura entronizada entonces en Brasil y fue posible –en particular– porque las elites chilenas le abrieron paso, generando un conjunto de condiciones políticas, económicas y sociales para poner fin a las instituciones republicanas, con orientación y financiamiento de Washington.
Al respecto, pareciera más útil deconstruir la fórmula del golpe de Estado en Chile, para intentar establecer si aún tiene vigencia hoy en América Latina y El Caribe.
Una clave puede encontrarse en el “Libro Blanco del Cambio de Gobierno en Chile”, que fue publicado por la Junta Militar a comienzos de noviembre de 1973, precisamente con el propósito de justificar el golpe de Estado. Ese libro fue resultado del trabajo de uno de los think tank (“tanque de pensamiento”) que la CIA había patrocinado en el país, a partir de intelectuales y propagandistas de la derecha.
Los “fundamentos” del golpe de Estado que proporciona el “Libro Blanco”, develan al mismo tiempo los discursos y las operaciones ocupadas para erosionar la legitimidad del Gobierno de Allende, desestabilizarlo, desencadenar una crisis general y, entonces, abrir paso al derrocamiento violento del orden constitucional y democrática.
- En primer término, cuestiona falsamente la legitimidad y carácter democrático del Gobierno, con la imputación de que “ni el ex Presidente Allende ni su régimen eran democráticos”, pues “el mandatario depuesto y su combinación de gobierno –la llamada Unidad Popular– no fueron jamás democráticos, ni en el sentido de representar la mayoría (…) ni en el respeto de fondo o de forma a los principios de la democracia, ni a la Constitución ni a las leyes del país”.
En este contexto, se detallaba que “Allende y su régimen no gozaron de una mayoría electoral absoluta”, sino que “siempre fue minoría” (omitiendo que la Unidad Popular contaba con las mayorías suficientes para ejercer constitucionalmente el Gobierno). Y se agregaba otra falsa acusación: que “aún esta posición electoral minoritaria la consiguió el régimen del señor Allende gracias a un fraude electoral gigantesco”.
- En segundo término, se sostenía que el Gobierno de Allende había quebrantado la Constitución y ello había generado una crisis institucional entre los poderes del Estado.
En este sentido, el “Libro Blanco” argumenta que “el señor Allende, aconsejado por un equipo de juristas de izquierda, buscó adelantar en el implantamiento del marxismo con un respeto falso, formal (sic), por la letra de la Constitución y de la ley, pero atropellando flagrantemente su espíritu (sic)”. Y se llega a sostener, falsamente, que la UP “gobernó al margen de la ley” y en base a “la infracción continuada del estado de derecho”.
Entonces, sostiene, “desoídas por el Presidente todas las advertencias y menospreciadas todas las sanciones, no quedó a los otros poderes del Estado (…) sino representar con solemnidad al Ejecutivo que se había puesto al margen, no sólo de la ley, sino de la Constitución. Y así lo hicieron la Corte Suprema de Justicia, tribunal máximo del país, en oficio público de 26 de mayo de 1973; la Contraloría, en dictamen de 2 de julio del mismo año y, por último, la Cámara de Diputados en acuerdo del 22 de agosto siguiente”.
Por cierto, se miente al asegurar que el Gobierno de Allende transgredió el ordenamiento jurídico y se omite que la oposición –enquistada en la Corte Suprema y en el Congreso– actuó por consideraciones ideológicas más que por una supuesta defensa del Derecho.
- En tercer término, se señalaba que el Gobierno de la Unidad Popular había generado caos social y una crisis económica generalizada, caracterizada sobre todo por el mercado negro y el desabastecimiento. “La pretensión de que la ‘vía chilena al socialismo’ no representaría para el país efusión de sangre ni penurias económicas, resultó tan desprovista de verdad como la de que ese proceso se ajustaría a la Constitución y a la ley”, dice el “Libro Blanco”.
El texto sostiene que “el país era arrojado por la Unidad Popular a la peor crisis económica de su vida nacional, sin paralelo en la historia moderna del mundo (sic), salvo para países azotados por la guerra o por coyunturas internacionales”. Señalaba que ello se expresaba en una enorme inflación “y el desabastecimiento se hizo crítico, afectando a productos tan esenciales como el pan, la harina, todos los tipos de carne, el vino, bebidas analcohólicas, los cigarrillos, los detergentes, la pasta dentífrica, géneros populares, etc., y apareciendo las interminables colas (…) y mercado negro”.
Remataba: “Los chilenos –su sangre y sus necesidades elementales– sí fueron sacrificados por el señor Allende y por la Unidad Popular, pero no en provecho de ninguna empresa, sino de una destrucción física, económica, política, social y moral efectivamente ciclópea”.
Obviamente no se dice ni una sola palabra del deliberado sabotaje económico al proceso de cambios que empujaba el Gobierno de Salvador Allende.
- Y remata: “La conclusión era clara: la Unidad Popular y Salvador Allende, no satisfechos con atropellar la voluntad mayoritaria del país, con infringir el fondo y la forma de la Constitución y de las leyes, con desoír la condenación y las advertencias de los demás poderes del Estado, con arruinar económicamente al país y con haber sembrado en él odio, la violencia y la muerte, se aprestaban a dar un autogolpe para conquistar un poder absoluto basado en la fuerza y en el crimen, implantando la ‘dictadura popular’ (…) Ante ello, las Fuerzas Armadas se decidieron a actuar. Lo hicieron (…) acuciadas por el estado de paralización total en que se hallaba el país (…) y los reiterados pedidos que todos los sectores nacionales hacían llegar a Allende, exigiéndole renunciar a su cargo para evitar la guerra civil”.
Así las elites abrieron paso al golpe de Estado: cuestionando falsamente la legitimidad y carácter democrático del Gobierno, señalando que la Administración era minoritaria y sus éxitos electorales no eran sino resultados de un fraude; sosteniendo que el Gobierno había quebrantado la Constitución y ello había generado una crisis institucional entre los poderes del Estado, en circunstancias que fue la oposición la que se puso al margen de las leyes para intentar impedir los cambios sociales; señalando que el Gobierno había generado caos social y una crisis económica generalizada, caracterizada por el mercado negro y el desabastecimiento, sin advertir que –en gran medida– ello era resultado del sabotaje económico al proceso de transformaciones que lideraba el Gobierno. Como lo dice el “Libro Blanco”, ello generó las condiciones para la intervención castrense.
Así comenzó la larga historia del terrorismo de Estado y la implantación del neoliberalismo.
Víctor Osorio
El autor es periodista.
Crónica Digital, 11 de febrero 2019.
…lamentablemente esta polémica, comenzó con los comentarios que hizo el ministro mas joven que tuvo el gobierno popular y ex embajador de Chile en Venezuela en el gobierno de Bachelet Pedro Felipe Ramírez, fiel representante de la obsesión por la patria de Bolívar del nefasto canciller Heraldo Muñoz. Este Embajador, en su gestión diplomática, se rodeo de asesores chilenos que alguna vez anduvieron demandando …crear…crear… poder popular…, hoy devenidos en neoliberales consumados y alineados con el “monroísmo del siglo XXI”, y que se aseguraron que por su oficina desfilaran conspicuos dirigentes golpistas, además de organizar en su residencia oficial reuniones conspirativas contra el gobierno venezolano.