Un proyecto de ley presentado por el gobierno de Chile para análisis del Congreso en el año que comienza recibe hoy críticas unánimes en las que confluyen incluso posiciones diametralmente opuestas.
El proyecto de ley busca sustituir el cumplimiento de las penas de cárcel a condenados por cualquier tipo de delito, incluyendo los de lesa humanidad, para que estos puedan cumplirlas con arresto domiciliario total.
Según prevé el texto legislativo, entre los requisitos para optar por ese beneficio están que los reos tengan algún problema físico grave e irrecuperable, hayan sido diagnosticados con alguna enfermedad terminal, o aquellos que tengan 75 años o más y hayan cumplido más de la mitad de la condena.
Radio Cooperativa indicó que esta iniciativa se suma a la ley de libertades condicionales a la que hace pocos días el Tribunal Constitucional le eliminó el requisito de arrepentimiento para que los condenados por violaciones de derechos humanos opten a este beneficio, aunque mantuvo la exigencia de cumplir dos tercios de la condena y colaborar con las investigaciones.
Al respecto, Mireya García, activista de derechos humanos de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD), firmó a esa emisora que con esta ley el Gobierno
busca la impunidad para los represores de la dictadura de Augusto Pinochet.
Consideró que en apariencias, el texto pone requisitos importantes para acogerse a la ley, pero son tantos que muchos presos pueden quedar pronto libres si se aprueba este proyecto.
En tanto, la presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, Alicia Lira, dijo al diario La Tercera que esto es un retroceso para la lucha por la verdad y la justicia en Chile.
Opinó que la presentación de este proyecto evidencia que el Gobierno “está buscando desesperadamente” dejar en libertad a los represores de la dictadura y con ello perpetuar la campaña de impunidad que se alarga en el tiempo.
Pero el documento también es criticado desde el lado totalmente opuesto, pues Raúl Meza, abogado de exmilitares que cumplen condena en la exclusiva cárcel de Punta Peuco por cometer delitos atroces durante los años de la dictadura, aunque disfrutan allí de numerosos privilegios y comodidades, opinó que con este proyecto el gobierno de Sebastián Piñera incumple una promesa de su campaña presidencial.
Según el jurista el contenido de este proyecto legislativo “les pone una lápida” a sus representados y condena a morir en la cárcel a aquellos que aún teniendo más de 75 años de edad no padezcan enfermedades invalidantes o terminales.
Santiago de Chile, 2 de enero 2019
Crónica Digital /PL
