El martes se votó hasta total despacho el proyecto de ley de Migración y Extranjería. En la sesión, los parlamentarios aprobaron la creación de una institucionalidad en la materia. Esto incluye el Servicio Nacional de Migraciones, figura que estaba en el anteproyecto elaborado por el Departamento de Extranjería y Migración (DEM) del Ministerio del Interior.
La diputada Andrea Parra, miembro de la Comisión de Gobierno de Interior y Regionalización, señaló “este proyecto fue difícil de tramitar, porque tuvimos muchas discrepancias y dificultades, particularmente públicas con el gobierno, pero hoy día el proyecto que sale es mucho mejor que el que ingreso. Con nuestras indicaciones logramos dotar al proyecto de un enfoque de derechos humanos que no tenía la idea original”.
“Adicionalmente, pudimos atenuar el intento del gobierno por criminalizar la migración. Y en eso fue fundamental el aporte de decenas de expertos que expusieron durante la tramitación del proyecto. En un principio esta era una iniciativa tremendamente restrictiva, donde prácticamente no le daba ningún derecho a los migrantes en el caso que fueran expulsados, hoy día tienen derecho a ser presentaciones judiciales y a ser escuchados”, comentó la legisladora.
La parlamentaria del PPD explicó que “hemos hecho un proyecto además que no obliga a todos los funcionarios públicos a denunciar a los migrantes solo por estar en una situación irregular, lo que nos ponía en dilema ético, por ejemplo a los funcionarios de salud porque tenían que denunciar por el solo de hecho de consultar, esas cosas las logramos eliminar”.
La Diputada Parra señaló que “no se logró modificar todo lo que queríamos, creemos que podríamos haber avanzado un poco más. Sin embargo, al contrario de lo que siempre impuso el oficialismo de que nosotros éramos obstruccionistas, conseguimos en un plazo bastante corto fue sacar un proyecto de migraciones que hoy día es mucho más moderno y democrático, que puede colaborar a una migración más ordenada y regulada. Además es más humano, menos discriminatorio y respeta los tratados internacionales vigentes”.
Santiago de Chile, 25 de octubre 2018
Crónica Digital
