La Presidenta de la Comisión de Mujeres y Equidad de Género, Loreto Carvajal, calificó como “un avance, aunque tardío”, que el Ministerio de Salud haya publicado el nuevo reglamento que regula la objeción de conciencia, que establece que “los establecimientos privados de salud, que hayan suscrito convenios regidos por las disposiciones del decreto con fuerza de ley Nº 36, de 1980, del Ministerio de Salud, no podrán ser objetores de conciencia cuando contemplen prestaciones de obstetricia y ginecología que por su naturaleza comprendan atenciones en pabellón”.
“Se ha hecho justicia con las mujeres respecto de este protocolo que fue observado por la Contraloría. Nos alegramos que al fin exista un reglamento en esta materia, y que se establezca que las clínicas privadas que reciban recursos públicos no podrán ser objetoras de conciencia”, indicó la diputada Carvajal.
La parlamentaria sostuvo que “con esto se avanza, se pone al día con los derechos de las mujeres de ser atendidas en estas tres causales excepcionales. Esto era lo que debía hacerse desde un principio, lamentamos el retardo porque ha significado una falta de atención en estas prestaciones a las mujeres, pero con la presentación que hicimos a la Contraloría, con las gestiones que hicimos las mujeres de oposición, estamos satisfechas que se restituya ese derecho natural y esa consecuencia del Estado de abordar este tema con la responsabilidad y con los recursos que corresponde”.
Por su parte, la diputada Cristina Girardi, afirmó que “me parece bien que se haya publicado y se haya obligado al gobierno a cumplir con la legislación. El recibir recursos del Estado obliga a actuar como instituciones del Estado, es decir, tienen que tener las mismas exigencias y las mismas obligaciones. En el primer reglamento lo que quería el gobierno era que estas quedaran eximidas respecto del tema de la objeción de conciencia. Con recursos de todos los chlenos la ley opera para todos por igual”.
Asimismo, la representante del PPD sostuvo que después de la publicación de este reglamento es necesario fiscalizar “cómo estas instituciones privadas podrían tratar de baypasear la ley, cómo pueden tratar de mantener los recursos del Estado sin cumplir con la norma, y eso hay que vigilarlo muy cercanamente”.
Santiago de Chile, 24 de octubre 2018
Crónica Digital
