La expulsión de un sacerdote de la congregación Hermanos Maristas acentuó la crisis de credibilidad de la Iglesia católica en Chile, mientras siguen las investigaciones por la Fiscalía Nacional.
Hace unos días, el fiscal encargado de las pesquisas a la Iglesia católica de Chile sobre abusos sexuales, Emiliano Arias, ordenó registros a los obispados de Valparaíso, Osorno, Chillán y Concepción.
En las últimas horas el Vaticano, por orden del papa Francisco, decretó de forma inapelable ‘la dimisión del estado clerical’, así como la ‘dispensa de todas las obligaciones unidas a la sagrada ordenación’ del padre Cristián Precht.
A partir del 12 de septiembre de este año se hizo efectiva la medida, según detalló la oficina del Arzobispado de Santiago en un comunicado.
Anteriormente, el Arzobispado de esta capital indicó en agosto que había remitido a la Santa Sede los resultados de la investigación previa realizada a Precht por antecedentes de abusos contra menores en el expediente de los maristas.
Precht ya había cumplido en diciembre una sentencia canónica de cinco años apartado de sus labores clericales por abusos sexuales a 20 víctimas de entre 15 y 33 años.
“No será cárcel pero que se lo expulse de cura a Precht para mí es algo de justicia. Sus abusos provocaron al menos un suicidio y mucho sufrimiento. Una familia que quiero mucho quedó sin papá, sin hijo, marido”, comentó Juan Andrés Murillo.
Murillo, una de las víctimas más notorias del escándalo del defenestrado cura Fernando Karadima, fue uno de los testigos recibido en Roma por el papa Francisco a mediados de este año.
Isaac Givovich, uno de los denunciantes del caso maristas, opinó que el papa Francisco había impuesto un nuevo estándar de sanción para pederastas, la expulsión, y pidió que se adopten castigos similares para los maristas hallados culpables.
El Ministerio Público profundiza investigaciones con la idea es acopiar documentos que
permitan avanzar en los episodios de abusos contra menores por parte de miembros de la Iglesia católica, de un total de 119 expedientes abiertos.
La labor del fiscal Arias tiene el espaldarazo del propio Vaticano.
Los encargados de seguir los expedientes investigan también probables casos de violación, prostitución infantil, almacenamiento o difusión de material pornográfico infantil.
El destape de los procesos contra la Iglesia católica tuvo su origen en el fuerte rechazo que tuvo la presencia del entonces obispo de Osorno, Juan Barros, durante la visita del papa Francisco a Chile en enero pasado.
Luego de un mea culpa de Su Santidad, el Vaticano ordenó investigaciones encabezadas por el obispo de Malta, monseñor Charles Scicluna, que derivaron en conclusiones aparentemente de gran alcance.
Francisco aceptó la renuncia de Barros y a seguido las dimisiones y escándalos alrededor de la fe católica escalaron.
Santiago de Chile, 17 de septiembre 2018
Crónica Digital /PL