La orden fue tajante: el Fisco deberá pagar 80 millones de pesos (unos 120 mil dólares) a 31 de los 33 mineros sobrevivientes de 70 días de cautiverio forzado a 720 metros de profundidad, en la mina San José, norte de Chile.
El dictamen estuvo a cargo de la jueza Lidia Poza Matus, quien estableció la responsabilidad del Fisco, específicamente del Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin), la Secretaría Regional Ministerial de Salud y la Dirección del Trabajo.
Señaló que esas entidades fueron responsables de la falta de fiscalización en la minera San Esteban, hecho que provocó un derrumbe que dejó atrapados a los trabajadores.
En particular señaló a Sernageomin por los numerosos accidentes y reiterados incumplimientos para la ejecución de proyectos, asegurando que no se tomaron medidas efectivas para cumplir con estándares de seguridad.
Poza Matus rechazó la postura del Estado que argumentaba la existencia de reparación a las víctimas por la serie de medidas adoptadas en su rescate y beneficios que fueron entregados con posterioridad, al subrayar los daños físicos y morales de las víctimas.
El fallo es apelable por el Consejo de Estado y como última instancia, la Corte Suprema de Justicia.
Los 33 quedaron desde el 5 de agosto de 2010 bajo tierra hasta su rescate con una sonda, que culminó con el rescate de todos los mineros el 13 de octubre. Llegaron a alimentarse con una lata de atún cada 48 horas.
Dos de los mineros, Raúl Bustos y Juan Illanes, se autoexcluyeron de la demanda. La cifra original que exigió el grupo a la justicia fue el equivalente a 375 mil dólares, por cada uno.
Santiago de Chile, 29 de agosto 2018
Crónica Digital /PL
