Había pedido a la militancia que no la acompañara, pero en las afueras de su casa, cuando fue a tomar el auto, habían personas apoyandola y más de una veintena de periodistas.
Tras salir de los tribunales, citada por Claudio Bonadío, -conocido como el juez antiK por todas las causas que tiene abierta en su contra-, la senadora por la provincia de Buenos Aires publicó un comunicado en las redes sociales, en el cual advirtió que desde el 10 de diciembre de 2015 se armaron seis causas penales y todas ellas fueron radicadas en Comodoro Py.
‘De las seis, cinco fueron iniciadas e impulsadas por Bonadio. ¿Milagro? No. ¿Fórum shopping? Algo peor: decisión política del Poder Judicial -en su más alta expresión- en coordinación con el Poder Ejecutivo y los medios hegemónicos, para ungir a Bonadío como brazo de persecución contra mi persona’, subrayó.
La exmandataria fue categórica al señalar que con esto ‘se inaugura así una nueva categoría jurídica que excede la del juez parcial o ‘no Juez’ que enseñaba Baigún: se trata del juez enemigo, actor principal del Lawfare’, sostuvo y añadió:
‘Es la nueva estrategia regional para proscribir dirigentes, movimientos y fuerzas políticas que ampliaron derechos y permitieron salir de la pobreza a millones de personas durante la primera década y media del siglo XXI’.
En su mensaje Fernández remarcó que hoy el juez Bonadío la vuelve a citar a indagatoria ‘acusándome de ser la jefa de una nueva asociación ilícita. Esta vez con los principales empresarios de la construcción. Ya voy por la cuarta organización delictiva. Eso sí, siempre soy la jefa’, ironizó.
Asimismo, volvió a señalar que desde hace dos años viene pidiendo que se realice una auditoría de toda la obra pública realizada entre 2003 y 2015 y en todas las instancias judiciales su pedido fue denegado.
‘Los proyectos de ley presentados en ese sentido no fueron tratados por el rechazo del oficialismo. Resulta ridículo y ofende la inteligencia, intentar hacernos creer que haya sido Néstor Kirchner quien organizó el sistema de cartelización de la obra pública a partir del 25 de mayo de 2003, en un país cuyo presidente es Mauricio Macri’, añade el comunicado.
Abundante bibliografía, investigaciones y documentación dan cuenta de un problema estructural de nuestro país, enfatizó la exgobernante, quien adjunta a su mensaje los escritos que presentó hoy en los tribunales.
En la causa sobre las llamadas coimas también fueron citados el ex secretario general de la Presidencia Oscar Parrilli, el ex jefe de Gabinete Juan Manuel Abal Medina, el exsecretario privado del exministro de Planificación Julio De Vido, José María Olasagasti, entre otros.
La investigación por el presunto pago se basa en una declaración de una testigo vinculada al chofer de Roberto Baratta, exfuncionario de Planificación, que entregó a la justicia unos documentos en los cuales supuestamente el empleado habría anotado el traslado de dinero que serían para sobornos.
Buenos Aires, 13 de agosto 2018
Crónica Digital /PL
