El Comité de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos de La Legua anuncia que el día martes 31 de junio de 2018, por solicitud nuestra y de los familiares, el Instituto Nacional de los Derechos Humanos (INDH), interpuso una querella por Apremios Ilegítimos Cometidos Por Empleados Públicos. (art. 150 D) /Carabineros. La acción judicial se realizó en favor de dos pobladores de Legua Emergencia que fueron sometidos a torturas de parte de funcionarios de carabineros de la 50ª comisaría de San Joaquín.Cabe destacar que violaciones sistemáticas a los derechos humanos de las y los pobladores de Legua Emergencia, como es el caso de las torturar padecidas por las víctimas, se dan en el marco del bullado Plan de Intervención, que este 23 de septiembre de 2018, cumple ya 17 años de existencia. Esperamos con algo de anhelo que esta acción judicial presentada por el INDH organismo tenga resultados positivos y en favor de las víctimas.
En lo que respecta al testimonio de los pobladores sometidos a la violación de sus derechos humanos, cabe recordar que los hechos ocurrieron el pasado domingo 15 de octubre de 2017, donde a eso de las 16:00 horas, cinco funcionarios de carabineros se abalanzaron sobre un joven de 25 años, L, de la población Legua Emergencia sin motivo conocido. Inmediatamente ingresaron al domicilio desde donde su padre, D, y abuelo tuvieron que observar cómo era amenazado y golpeado. Lo que prontamente ellos vivirían en carne propia dentro del hogar. Además, al abuelo de L, le robaron el anillo de matrimonio y dinero. Posteriormente, ante la atónita mirada de familiares y vecinos, L y su padre D, fueron aprehendidos por los funcionarios policiales, empujados al carro policial y duramente golpeados hasta llegar a la comisaria N° 50 de San Joaquín. El ingreso a la comisaria, que debía ser su resguardo ante la brutalidad con que venían siendo tratados, significó, por el contrario, nuevos tormentos psicológicos y físicos, los que difícilmente podrán borrar de sus vidas.
Padre e hijo fueron golpeados en distintas zonas de su cuerpo. L recibió golpes de puño en su cara y perdió un diente, posteriormente el carabinero, teniente Maximiliano Yáñez, lo tomó del pelo y azotó su cara contra la pared hasta que estalló la sangre. Amedrentado y balbuceando gritos, L alcanzó a ver la figura de su padre quien desesperado y esposado de manos era obligado a presenciar la tortura a que era sometido su hijo. Una vez que acabó la sesión de tortura con el hijo, le tocó al padre ser humillado y golpeado ahora ante la mirada impotente de su hijo. D se propuso callar, no balbucear ni un grito, y en silencio recibió la inclemencia de la brutalidad; hasta que la sangre se apoderó de su rostro y dejaron de golpearlo. D perdió un diente y sus manos tienen cortes que recién están cicatrizando. Más tarde fueron obligados a limpiarse la sangre y fueron conducidos a constatar lesiones. El profesional médico de turno no vio nada anómalo, supuestamente revisó a los pacientes, quienes se encontraban esposados, y los despachó.
Solo al día siguiente en tribunales L y D se enteraron de que eran acusados por un carabinero de lanzarles un vaso y provocarles “heridas graves” en una mano, hecho que nunca sucedió pero que, sin embargo, tuvieron que reconocer para no quedarse dentro de la cárcel esperando que la justicia investigara si eran o no inocentes.
La tortura y los tratos crueles, inhumanos y degradantes, así como “los apremios ilegítimos” a los que fueron sometidos las víctimas de este caso, no son nuevos en Chile, ni siquiera en la historia local y reciente, ni dentro del Plan de Intervención que el Estado ha ejecutado en la población Legua Emergencia, y, sin embargo, tras la sombra, en los espacios marginales, en las zonas grises, se siguen aplicando en la más completa impunidad.
Así como el Instituto Nacional de Derechos Humanos hizo eco de nuestro llamado, y lo materializó a través de una querella, convocamos a todos los hombres y mujeres de buena voluntad a indignarse, a centrar la mirada en los crímenes que bajo el rótulo de seguridad se viven cotidianamente en las poblaciones intervenidas. Convocamos a que Carabineros de Chile y la Intendencia, responsable política del mentado Plan, asuman la responsabilidad y procedan en consecuencia. Exigimos justicia, único medio posible de equidad y camino necesario para vivir en dignidad, sobre todo cuando de los más sencillos y excluidos se trata.
Santiago de Chile, 4 de agosto 2018
Crónica Digital
