Ante la confirmación de la libertad condicional otorgada a 5 criminales de lesa humanidad, la diputada PC, Carmen Hertz, criticó con fuerza la determinación de la segunda Sala de la Corte Suprema. “Es una concesión de libertad condicional que infringe los principios de jurisprudencia de los organismos internacionales”, detalló la diputada Hertz.
Malestar provocó en la bancada del Partido Comunista la determinación de la Segunda Sala de la Corte Suprema de otorgar la libertad condicional a 5 violadores de Derechos Humanos presos en Punta Peuco y Colina 1.
Para la diputada Carmen Hertz, presidenta de la comisión de Derechos Humanos de la Cámara, “es preocupante que la Corte Suprema esté otorgando el beneficio de la libertad condicional en contra de lo señalado por la Comisión de Libertad Condicional y en este caso, en contra de lo señalado por la Corte de Apelaciones de otorgar libertades condicionales a criminales de lesa humanidad que no cumplen con los requisitos que las normas internacionales refieren y exigen”.
La diputada explicó que la jurisprudencia de los tribunales internacionales, tanto el Estatuto de Roma, como el Tribunal Internacional para la ex Yugoslavia, exigen al menos tres requisitos: que los criminales tengan una pena proporcional al delito que cometieron; que tengan dos tercios de la pena cumplida; y que hayan colaborado con la acción de la justicia desde sus inicios y que hayan mostrado arrepentimiento eficaz.
“Ninguno de estos sujetos a los que se les otorgó la libertad condicional cumple con estos requisitos, por lo tanto es una concesión de libertad condicional que infringe los principios de jurisprudencia de los organismos internacionales”, agregó.
Finalmente, la diputada Carmen Hertz subrayó que “es peligroso para la institucionalidad del país, que tiene que estar acorde a los estándares internacionales y además es peligroso porque en definitiva está estableciendo una fórmula de impunidad a estos criminales, que no corresponde a un país que ha pasado por décadas de impunidad por el exterminio de los ciudadanos”.
Santiago de Chile, 1 de agosto 2018
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