¿Los colaboradores cercanos del presidente de Francia, Emmanuel Macron, disfrutan de impunidad sin importar sus actos?, preguntan por estos días periodistas, políticos y juristas, tras la revelación del polémico caso Benalla.
Un video grabado con celular no deja dudas acerca de lo sucedido, pues en él aparece Alexandre Benalla cubierto con un caso de policía, en el momento en que agrede muy violentamente a dos ciudadanos, un hombre y una mujer.
Las críticas no se hicieron esperar, sobre todo cuando se supo que el Palacio Elíseo solo sancionó al individuo con 15 días de suspensión, lo mantuvo como empleado, y ocultó el caso a la justicia.
Las agresiones cometidas por el hombre ‘son intolerables y un delito penal que requiere prisión’, indicó el diputado izquierdista Alexis Corbiere, un planteamiento repetido por numerosos políticos y juristas.
‘Si los asesores de Emmanuel Macron ahora se cuelan en la fuerza policial, se disfrazan de agentes, golpean a los manifestantes, y todo esto solo da como resultado 15 días de suspensión, cuando se trata de una ofensa muy grave, entonces las cosas están al revés’, deploró en declaraciones a la cadena de noticias France Inter.
En las últimas horas los hechos se precipitaron: la Fiscalía de París abrió una investigación sobre el caso, la Asamblea Nacional también designó una comisión encargada de pesquisar lo sucedido, y numerosos parlamentarios abogan por convocar a una moción de censura en contra del gobierno.
En medio de una fuerte presión política y mediática, el Elíseo finalmente anunció ayer el inicio del proceso de despido de Benalla.
Sin embargo, al notificar el licenciamiento la casa presidencial no hizo ninguna referencia al acto de violencia, y señaló que la razón es la posesión de unas imágenes de video vigilancia de la ciudad de París cuando su puesto no le daba acceso a tales materiales.
En paralelo, el viernes en la mañana el individuo fue arrestado para comparecer ante la policía judicial.
Según fuentes cercanas a la investigación, ahora deberá responder por cargos de ‘violencia en reunión por persona encargada de una misión de servicio público’, ‘usurpación de la función policial’, ‘uso ilegal de una insignia reservada a la autoridad pública’ y ‘complicidad para desvío de imágenes del sistema de video-protección’.
Aunque finalmente comenzó a avanzar el proceso judicial requerido, numerosos políticos y analistas consideran que ahora es demasiado tarde, pues ya todo el país conoce que el Palacio del Elíseo y otras instancias del Estado y el Gobierno ocultaron los hechos y protegieron indebidamente a un colaborador del presidente. En este contexto, todo parece indicar que la crisis está lejos de terminar y el caso Banella podría tener un alto costo para Macron y su equipo.
París, 21 julio 2018
Crónica Digital /PL
