En una declaración dada a conocer después que el tribunal de segunda instancia agravara la condena del exdignatario, el Grupo de Trabajo del ente que agrupa a 112 partidos políticos de izquierda de América Latina y el Caribe manifestó que la cuestión central en nuestro continente es la democracia y la justicia social.
‘Todo lo que las restrinja o debilite pone en peligro los derechos conquistados’, advirtió.
El documento recordó que la sentencia de primera instancia y su revisión por el tribunal de apelaciones de Porto Alegre fue cuestionada y rechazada por importantes juristas de nivel internacional, por la evidente falta de imparcialidad, de garantías del debido proceso y un juzgamiento basado en convicciones y sin pruebas.
Tal proceso -valoró- pone en cuestionamiento la institucionalidad democrática de Brasil, ‘con lo que esto implica para la estabilidad política del país y de la región’.
El Grupo de Trabajo del Foro de Sao Paulo observó también que esta acción de las élites políticas empresariales, de la comunicación y judiciales no es algo nuevo en la región, que ya vivió esa misma operación en otras naciones propiciando golpes de Estado o persiguiendo líderes progresistas.
En otra de sus partes, la declaración puntualizó que una parte importante del Poder Judicial brasileño se transformó en un instrumento con objetivos políticos dirigidos a perseguir al Partido de los Trabajadores, sus principales referencias y, particularmente, al expresidente Lula.
Al respecto señaló que hace años las élites políticas, empresariales y los grandes medios de comunicación llevan adelante una ofensiva también jurídica para retomar el control de Brasil, con el fin de revertir los avances en materia social y en la construcción de una sociedad más justa y soberana, y subordinarlo a los intereses de Estados Unidos.
Brasilia, 5 de julio 2018
Crónica Digital /PL
