Ecuatorianos ligados al Movimiento Nacional por la Revolución Ciudadana mantienen hoy el pedido al expresidente, Rafael Correa, de no retornar a Ecuador para revisar una medida cautelar en su contra el 3 de julio próximo.
Para esa fecha dispuso la audiencia la jueza de Garantías Penales, Daniela Camacho, quien vinculó al exmandatario, con residencia en Bélgica, en el caso de presunto secuestro del exlegislador Fernando Balda,en 2012, en Colombia.
La diligencia, que busca dejar sin efecto la decisión de Camacho de que Correa se presente ante la Corte Nacional de Justicia cada 15 días, se llevará a cabo en esta capital a petición de Caupolicán Ochoa, abogado del exmandatario.
El exdignatario debería regresar a Quito el venidero 2 de julio, cuando entra en vigor la disposición de Camacho, pero a juicio de sus seguidores en el proyecto de la revolución ciudadana, que busca firmas para oficializarse como agrupación política, en el país se perdió la institucionalidad del estado, por tanto, su seguridad peligra.
Así lo hizo saber en rueda de prensa la asambleísta Gabriela Rivadeneira, quien alertó sobre una persecución política contra Correa y algunos de los exfuncionarios de su gobierno.
Según aseguró, el proceso en el cual involucraron al exjefe de estado está lleno de vicios e irregularidades, por lo cual, insistió, su seguridad peligra.
Rivadeneira explicó que el pedido es más bien una exigencia al militante, debatida desde las bases del movimiento y en reunión de la coordinadora nacional de la agrupación.
“Al no vivir en un estado de derecho y haber evidenciado que este proceso tiene una serie de vicios que ya deberían de por sí, en cualquier proceso, garantizar la nulidad, se está dando seguimiento a un proceso que lo único es busca es la agudización de la persecución política contra Correa y eso es lo que denunciamos y ante eso vamos a proteger a nuestro principal líder”, dijo.
En ese sentido, alertó que buscarán todos los mecanismos pertinentes para que la seguridad integral de Rafael Correa esté vigente.
Igualmente manifestó esperanza en que “si el sistema de justicia ecuatoriana ha sido cooptado, el derecho internacional podrá garantizar la debida protección”.
De acuerdo con Fernando Balda, el autor de su secuestro fue Correa, cuando fungía como dignatario de la república en 2012, año en el cual el exlegislador se encontraba en Colombia, prófugo de la justicia ecuatoriana, que lo condenó a dos años por injurias.
La defensa del exmandatario y sus seguidores, sostienen que el caso no procede, pues ya pasaron más de cinco años del presunto plagio, por tanto, la causa ya expiró.
Quito, 30 de junio 2018
Crónica Digital /PL
