El diputado del PPD y miembro de la Comisión de DD.HH, Tucapel Jiménez, señaló que el retiro del proyecto de ley con el que se buscaba entregar una reparación de $3 millones a las víctimas de delitos cometidos en la dictadura, amerita que se estudie una acusación constitucional contra el Ministro de Justicia Hernán Larraín.
“Creo que lo ocurrido amerita que estudiemos la posibilidad de una acusación constitucional. Esto se lo he planteado a los Jefes de Bancada de los partidos de oposición porque el gobierno de Chile, a través del Ministro de Justicia, está incumpliendo con los compromisos internacionales que tiene nuestro país en esta materia. Además está desconociendo su rol en la promoción y respeto de los derechos humanos”, afirmó el diputado Jiménez.
El parlamentario indicó que “esta es la segunda oportunidad en que el Ministro de Justicia se sale de sus casillas, siendo la primera vez cuando dijo que la mayoría de los jueces eran de izquierda. Pero lo que ocurrió hoy día no podemos dejarlo pasar porque es gravísimo, atenta contra la memoria de Chile, y es una burla del dolor de muchas familias”.
“Además le ha faltado el respeto al país y también al Congreso porque esperó a que el proyecto se aprobara en la Comisión de DD.HH para retirarlo. Eso es reírse del trabajo legislativo, no tener seriedad alguna con los derechos humanos”, aseguró.
El legislador indicó que “las victimas llevan esperando mucho tiempo que se concrete este beneficio, siendo el único argumento para retirarlo que no hay dinero, sin embargo, el proyecto venía con un informe financiero. Yo creo que el gobierno está más interesado en beneficios a los victimarios, a través de proyectos como el que conmuta penas de cárcel a enfermos terminales incluidos los de Punta Peuco, que dar beneficios para las víctimas. Esto demuestra claramente donde están puestas las sensibilidades de esta administración. Lo lamento porque era una oportunidad muy buena para ir buscando justicia en esta materia”.
Santiago de Chile, 20 de abril 2018
Crónica Digital