Honorables Diputados(as)
Nos dirigimos a ustedes en representación de más de 130 querellantes por secuestro calificado y torturas durante la dictadura cívico militar que violó los DDHH desde el golpe de estado de 1973 hasta el advenimiento de la transición a la democracia en 1990.
El martes 6 de marzo de 2018 ingresó a la Cámara de Diputados el proyecto de ley, originado en mensaje, que otorga un aporte único de carácter reparatorio a los sobrevivientes de prisión política y tortura reconocidos por el Estado de Chile, boletín N° 11.619-17.
Recién el 21 de marzo la Comisión comenzó a tratar el proyecto y, ante la incredulidad de los ex Presos Políticos, puso el énfasis en solicitar todo tipo de informes y en escuchar a los actores de siempre. Lo propio ocurrió en las sesiones de los días 2, 4 y 11 de abril, sin que hasta el momento comience la discusión del articulado.
Vemos falta de voluntad en buena parte de los integrantes de la Comisión para tramitar un proyecto que es urgente para los beneficiarios, todos adultos mayores, y que es el resultado de años de discusiones, serias e informadas, con las autoridades del Estado.
Debemos creer que los representantes del voto popular que optaron voluntariamente por integrar esta Comisión lo hicieron honrando una especial preocupación por el pleno respeto a los DDHH que no son otra cosa que los derechos ciudadanos.
Por ello es que no podemos entender que se enfrasquen en discusiones circulares sobre si hay fondos para financiar el proyecto, cuántos ex Presos Políticos están cobrando su pensión, si alguien ha sido indemnizado ya y otras del mismo tenor. El argumento de legislar bien informados, incluso en tópicos que no le competen a la Comisión, tiene el mismo efecto que la voluntad de dilatar el trámite al extremo de frustrar el proyecto.
Quisiéramos ver a nuestros representantes en la Comisión de DDHH preguntándose si el proyecto se ajusta a los estándares del Derecho Internacional de los DDHH, si el Estado chileno tiene o no la obligación de responder a esos estándares, si tiene o no la obligación de reparar, rehabilitar, resarcir, restituir e indemnizar de un modo adecuado, suficiente y oportuno. Incluso entenderíamos que se pregunten CUÁLES son esos estándares, al menos para mejorar los niveles de información sobre tan relevante tema en la tarea de legislar sobre DDHH.
Ese es el filtro que le compete a la Comisión de DDHH y Pueblos Originarios. Hay otros honorables y también respetables Diputados(as) que podrán aplicar otros filtros, en otras Comisiones.
Dilatar la tramitación de este proyecto con excusas circulares o con indagatorias propias de otras instancias es, aun cuando no sea la intención, una forma clara, aplastante y violenta de re victimizar a los sobrevivientes de la tortura y a sus familias.
Si bien el proyecto en cuestión está lejos de responder a la demanda social y más aún a los estándares internacionales, solicitamos a ustedes darle curso favorable y en el menor plazo posible.
Con atentos saludos
Héctor Cataldo
Presidente
Luis Cáceres Fabris
Secretario Ejecutivo
Aurelio González Angulo
Tesorero
Abraham Embry Ibarra
Director
Santiago de Chile, 17 de abril 2018
Crónica Digital
