Hoy vemos con preocupación como una nueva universidad, esta vez una acreditada, inicia su proceso de cierre. Los principales perjudicados son los estudiantes, sin embargo, el responsable es el sistema en su conjunto. Un sistema que ha operado por más de 35 años y que da muestras de ineficiencia y agotamiento sin retorno.
Tenemos una nueva ley de educación superior que aborda parte importante de las deficiencias y que introduce elementos de control hoy inexistente pero muy necesario, y que ha generado más de una preocupación.
La implementación de esta nueva ley sin lugar a dudas constituye uno de los principales desafíos que deberá enfrentar el nuevo Ministro de Educación, y de ello dependerá los resultados que obtengamos, y respecto de los cuales existe gran expectativa.
El éxito en la concreción y permanencia de un proyecto educativo se da sobre la base de tres aspectos fundamentales; contar con estudiantes motivados, lo cual se garantiza a través de un inteligente proceso de admisión que hoy no tenemos en el país; tener profesores asociados a una carrera docente que les entregue los aspectos que permitan su desarrollo, capacitación y en definitiva su realización como académicos, y finalmente la buena gestión de la institución garantizada por un equipo profesional comprometido, eficiente y conocedor de la administración universitaria.
En nuestro país los fracasos de instituciones de educación superior se dan fundamentalmente por la falla en el tercer elemento, la gestión. La administración resulta extremadamente compleja, incorpora elementos intangibles que no están presentes en otras instituciones, el éxito depende fundamentalmente de la motivación y el aporte de la persona que recibe el servicio, el estudiante; el buen desempeño y el compromiso de los profesores que lo otorgan, el desarrollo integral de la institución a través de la vinculación con el medio y la investigación, y finalmente la capacidad de otorgar estudios de post grado de calidad que permitan la formación continua de sus estudiantes. Todo lo anterior para cumplir con la misión y visión para mantener un proyecto académico en el largo plazo.
La nueva ley de educación superior incorpora una institucionalidad que deberá velar por el cumplimiento de estos aspectos, dar cuenta del desempeño académico y económico de las universidades y garantizar a los estudiantes que las instituciones están en condiciones de otorgar estudios universitarios conforme a su proyecto y que éste no fracasará en el corto o mediano plazo.
En este último aspecto es clave que los recursos que el estado transfiera a las instituciones por concepto de gratuidad, fondos concursables o aportes basales, sin distinción para universidades estatales y privadas que cumplan un rol público, deben cubrir las necesidades docentes, de investigación y vinculación con el medio, que permitan abordar los desafíos antes señalados, ya que si ello no ocurre muchas universidades que se incorporen al sistema de gratuidad verán en el corto plazo deteriorados sus proyectos, con el destino que ya estamos viendo en algunas universidades.
Por lo anterior, las instituciones universitarias debemos hacer esfuerzos significativos por realizar una gestión cada día más eficiente, transparente, exenta absolutamente de todo indicio de lucro y focalizada en el estudiante. Como hemos visto hasta la fecha los proyectos académicos en Chile fracasan fundamentalmente por una mala gestión y ahí es donde tenemos que poner el énfasis en mejorar.
Por Santiago González Larraín
Rector Universidad Central de Chile.
Santiago de Chile, 16 de febrero 2018
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