El mismo día que el Gobierno y el ELN se disponían a retomar las negociaciones, el presidente Juan Manuel Santos pidió a Gustavo Bell, jefe de la delegación del gobierno colombiano en Quito, el regreso inmediato a Bogotá para ‘evaluar el futuro del proceso’.
El detonante de tal decisión fue un atentado en varios tramos del oleoducto Caño Limón Coveñas, en los departamentos Arauca, Casanare y Boyacá, que el gobierno atribuyó a la agrupación guerrillera.
Santos calificó lo ocurrido de ‘acciones terroristas’ y ordenó a las Fuerzas Armadas actuar de forma contundente ‘para responder a la agresión’.
Por su parte, la delegación del ELN en la capital ecuatoriana pidió no alterar la instancia de negociación y expresó su disposición de pactar un nuevo cese el fuego que supere las dificultades del anterior.
‘Los incidentes en el oriente colombiano ocurren en medio de la compleja situación de conflicto que sufre el país; pero pese a ellos, no debe alterarse el curso de las conversaciones, para lograr una salida política del conflicto’, remarcó el ELN.
Ciertamente en los 102 días de cese de las hostilidades pactados entre el 1 de octubre del 2017 y el 9 de enero de 2018 primaron la tensión y los tonos altos, en medio de mutuas acusaciones de violación de lo acordado.
‘El gobierno unilateralmente ha aumentado sus operaciones de copamiento militar y operaciones de registro y control en lugares donde se encuentra nuestra fuerza de manera permanente’, advirtió en diciembre el Comando Central del ELN en un video trasmitido en las redes sociales. También el gobierno acusó a los guerrilleros de violar la tregua en determinados escenarios y los responsabilizó de la muerte de un gobernador indígena.
Para el profesor de la Universidad Nacional de Colombia Víctor de Currea, un cese de tres meses ‘no mide mucho, casi solo la voluntad de las partes’.
Subraya el analista colombiano que el regreso de la delegación del gobierno a Bogotá, de manera intempestiva, es un mal presagio.
‘La respuesta que se prevé de las Fuerzas Militares aumenta el pesimismo. El proceso no ha muerto, pero entra a cuidados intensivos’, afirmó.
En medio de tal crisis, sectores de la opinión pública tratan de hallar una salida. Fue convocada la Comisión de Paz del Congreso y la exsenadora y candidata presidencial Piedad Córdoba se ofreció como mediadora para salvar la negociación.
Asimismo, la dirección del partido de la FARC instó al gobierno y al ELN a mantener los diálogos de paz.
‘Los recientes hechos de violencia deben ser investigados rigurosamente y las responsabilidades deben ser asumidas, pero la voluntad de paz no puede estar por debajo de hechos puntuales’, escribió en Twitter Rodrigo Londoño
(Timochenko), máximo jefe de la FARC.
También desde el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas la comunidad internacional hizo un llamado para que las partes no claudiquen en el intento por acabar con el conflicto armado más largo del hemisferio occidental.
Por lo pronto sigue en suspenso la mesa de diálogo en Quito, en una coyuntura donde pesan los incumplimientos del acuerdo rubricado con la FARC, la recta final del actual gobierno y la incertidumbre en torno al sello político de quien logre vencer en las urnas en mayo próximo.
Por Tani Peña
Bogotá 13 eneRO 2018
Crónica Digital/PL
