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De acuerdo al parlamentario, “el 20 Diciembre de 2016, presenté un Proyecto de Ley (Boletín 11043-07) para que el Senado de la República conozca y apruebe los ascensos a Coroneles y Generales y todos los oficiales superiores de las FFAA, tal como ocurre en otros países de América”.
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“Y hoy vemos”, continuó, “el daño que se provoca a las instituciones del Estado por los cuestionamientos al recién nombrado Comandante en Jefe del Ejército”.
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“Por lo que tiene toda lógica que el Senado vuelva a revisar las propuestas del Gobierno respecto de los oficiales tal como se hacía hasta 1980, ya que de esta forma, se fortalece el sistema democrático con la participación de los poderes del Estado”, agregó.
“Ya en la Constitución de la República del año 1823, se estableció que el Senado aprobaría la designación de los generales en jefe de las Fuerzas Armadas que propusiera el Ejecutivo”, explicó el senador Alejandro Navarro, al referirse a su Proyecto de Ley ingresado el año 2016 al Parlamento, y que busca recuperar dicha tradición republicana.
Al respecto, el legislador por la Región del Biobío manifestó que, “desde los inicios de la República y por más de 160 años, esta exigencia se fue plasmando en los diferentes textos constitucionales, por lo que el Senado de una forma un otra debía aprobar los nombramientos de los oficiales de más alto rango”.
“Más aun”, continuó, “hasta el año 1973, la Comisión de Defensa del Senado, revisaba anualmente la propuesta que el gobierno hacía respecto de los oficiales que obtenían los grados de coroneles y capitanes de navío, así como los futuros integrantes del alto mando, los generales y almirantes de la Fuerzas Armadas. Tras dicho informe, era la Sala del Senado, la que aprobaba, dicho ascensos”.
“Incluso la Junta de Gobierno, en 1974, mantuvo este criterio de nombramiento con aprobación de dos poderes del Estado; artículo 13: Con acuerdo de la Junta de Gobierno, el Presidente conferirá los empleos o grados de oficiales generales, mediante decreto supremo. Para la provisión de los empleos o grados de Coroneles o Capitanes de Navío, se estará a lo dispuesto en los reglamentos de las instituciones”, rememoró.
De acuerdo a Alejandro Navarro, “solo en 1980 y luego de más de un siglo y medio, es que se deja de consultar al Senado por dichos nombramientos, pasando a ser de exclusividad del Ejecutivo”.
“Pero hoy”, prosiguió, “tras el destape de distintos fraudes en los que se han visto involucrados los altos mandos de las instituciones armadas y donde el recientemente nombrado Comandante en Jefe del Ejército, Ricardo Martínez Menanteau, ha sido cuestionado por su elevado patrimonio, redes de contactos y acusaciones de violencia, nuestro proyecto de ley vuelve a la palestra”.
Para Navarro, “pues tal como ocurrió en Chile desde los albores de la república y como es la constante en países tales como Argentina, Uruguay e incluso Estados Unidos, el Poder Legislativo interviene, ratificando los ascensos presentados por el Ejecutivo”.
“Pues esto permite una mayor transparencia y participación de la ciudadanía, con lo que se fomenta un mayor control civil y una mejora a la democracia”, aseguró el miembro de la Comisión de DDHH, Nacionalidad y Ciudadanía del Senado.
Alejandro Navarro finalizó haciendo un llamado a legislar sobre esta materia, “y poner en tabla nuestro proyecto, ingresado el año 2016 y que aun se encuentra en el Primer Trámite Constitucional, en la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento del Senado, de manera de restablecer una tradición republicana que a todas luces, permitirá una mayor precisión y terminará con los cuestionamientos, al designar a los Generales y Almirantes de las Fuerzas Armadas de nuestro país”.
Santiago de Chile, 10 de enero 2018
Crónica Digital
