Llevaban semanas así hasta que un grupo de ciudadanos ‘puso el grito en el cielo’ al ver cómo una gigantografía pictórica en un muro cubría una obra de arte, un mural realizado en Asunción con motivo de un encuentro internacional de artistas latinoamericanos.
Entonces fue que, al menos públicamente, el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) salió de su letargo al ‘darse cuenta’ de las violaciones de la norma.
Y esas merecían multas para quienes aparecían a todo rostro en arengas para recibir votos de los afiliados a la gubernamental Asociación Nacional Republicana-Partido Colorado (ANR-PC) en las internas, en su afán de ser candidatos a congresista, jefe de una alcaldía o una gobernación por su agrupación.
Esos eran del ala llamada oficialista en la ANR-PC, es decir, quienes siguen al mismísimo presidente de la República, Horacio Cartes.
Pero no, puede decirse que esas ilegalidades vienen de mucho antes, desde el pasado año, si se toma en cuenta aquella movilización iniciada por esos colorados para introducir la figura de la reelección presidencial en la Constitución -que la prohíbe expresamente- mediante una reforma o una enmienda, dos vías distintas pero que para el caso es prácticamente igual por el resultado.
Fueron meses de apoyos y rechazos, recolecta de firmas -fraudulentas en buena medida- para lograr el objetivo de beneficiar al mentor, dimes y diretes en el Congreso Nacional, manifestaciones callejeras a favor o en contra, en fin, un escenario que a veces semejaba un verdadero circo.
Aquello desembocó en tragedia. El pasado 31 de marzo un grupo de senadores de varias bancadas que hacían mayoría, incluidos los colorados oficialistas por supuesto, se tomaron la atribución de darle el visto bueno a la realización de la enmienda constitucional.
Haberlo hecho sin ser convocados por el cauce normal de una sesión plenaria fue la primera ilegalidad y la segunda haberse reunido en el local de una de las bancadas y no en el salón como está establecido, donde tienen cabida los parlamentarios de todas las tendencias pertenecientes a la Cámara alta.
Como ya se veía venir, desde antes se aglomeraron ante la sede del órgano legislativo quienes adversaban abiertamente el proyecto de ley y, al conocer la decisión de los senadores, la hasta entonces más o menos tranquila movilización, custodiada por numerosos efectivos de seguridad, se convirtió en una fuerte protesta.
Empezó un enfrentamiento entre ambas fuerzas, trágico: varios heridos por la represión policial, asalto e incendio del edificio congresal por antisociales infiltrados en la manifestación y, en las primeras horas del 1 de abril, irrupción de agentes en el local del Partido Liberal Radical Auténtico, principal de la oposición, y asesinato de un joven dirigente.
Los acontecimientos precipitaron la decisión de Cartes de desistir de su reelección.
Pese a no estar contemplado como tal en la ley electoral hay otra ilegalidad en la labor proselitista. Porque el propio mandatario, ministros y otros funcionarios del gabinete aprovechan actos gubernamentales para promover a figuras del oficialismo (Honor Colorado) rumbo a los comicios internos, e incluso más allá.
Por ejemplo, en numerosas ocasiones Cartes asiste a eventos y lleva de la mano a su designado Santiago Peña, ex titular de la cartera de Hacienda, para pujar por la sucesión en abril de 2018, porque ya lo da como ganador en las internas de la ANR-PC frente al líder de la disidencia Colorado Añetete (real, en guaraní), el senador Mario Abdo Benítez.
Peña y su compañero de fórmula para vicepresidente, Luis Gneiting, ocupan asientos en la primera fila en cuanta actividad realiza su mentor como jefe de Estado y ya eso es proselitismo.
Si Cartes entrega viviendas a personas vulnerables y habla de cifras introduce en sus discursos loas a lo que hará Peña cuando lo suceda, si visita a pobladores de barrios precarios de la capital baila con ellos y a la rueda se integra su preferido, a pesar de no tener ningún tipo de cargo en el Ejecutivo, todo es pura propaganda electoral.
Tal vez lo más ilegal y denigrante, duramente criticado por sectores de la sociedad opuestos a sus designios, es la utilización de niños por dirigentes del coloradismo en tales muestras.
En este contexto, pero sin incurrir aparentemente en ilegalidades, está abierta la batalla de las encuestas que, como ocurre habitualmente, apuntan a un favorito según sea el sector que la solicite.
Resulta difícil creer en esos estudios, pues mientras uno da ventaja a Peña el otro, simultáneo o casi, se inclina por Benítez, al decir de los medios de prensa que también los difunden de acuerdo con sus intereses.
Politólogos consultados ven en esta campaña electoral una evidencia de los peores rasgos de la actividad política con el partidismo de la administración pública, el uso y abuso de instituciones del Estado, la utilización de menores en actos partidarios y amenazas de pérdida de empleo.
Sí, porque también se da esa última variante y en no pocas ocasiones las intimidaciones -por supuesto ilegales- se convierten en certezas: ‘si no comulgas conmigo te quedas sin trabajo’ en la empresa u organismo.
Porque las acciones proselitistas siguen siendo más de lo mismo, un excelente escenario -dicen los analistas- para repetir los vicios a los cuales se opone la ciudadanía (de uno o del otro lado), con el consiguiente desprestigio a la actividad política.
Por Julio Fumero **Corresponsal de Prensa Latina en Paraguay.
Asunción, 6 de diciembre 2017
Crónica Digital /PL
