‘Son 1,1 millones de dosis de fentanilo que no se consumirán en nuestras comunidades, y eso salvará miles, potencialmente cientos de miles de vidas’, señaló el comisario del condado de Suffolk, Timothy Sini.
Hace cuatro días, el presidente estadounidense, Donald Trump, declaró la actual crisis de opioides como una emergencia de salud pública y reconoció que su país constituye el mayor consumidor de esas sustancias en el mundo.
‘Estamos lidiando con la peor crisis de drogas en nuestra historia’, expresó el gobernante republicano, quien evitó, sin embargo, declarar la situación como emergencia nacional, como dijo inicialmente que haría.
Medios locales de prensa se refirieron al anuncio del último jueves como una medida parcial, pues una emergencia de salud pública, a diferencia de una nacional, no libera fondos adicionales, sino que depende de los ya existentes para ser redirigidos.
Durante un discurso en la Casa Blanca, el gobernante llamó la atención sobre la epidemia que cobró 64 mil vidas en Estados Unidos el año pasado, 175 cada día.
‘Nadie ha visto nada como lo que está sucediendo ahora. Como estadounidenses, no podemos permitir que esto continúe. Es hora de liberar a nuestras comunidades de este flagelo de la drogadicción’, manifestó.
Sostuvo que orientó a las agencias federales a utilizar todos sus recursos para luchar contra la crisis de las drogas, incluyendo el enfoque de proporcionar un mejor tratamiento para los adictos.
Ninguna parte de nuestra sociedad se ha librado de la epidemia de opiáceos, agregó el mandatario, quien acotó que su administración está luchando agresivamente contra la situación en todos los frentes.
En este país, una emergencia de salud pública debe renovarse cada 90 días hasta que la declaración ya no sea necesaria.
Washington, 30 octubre 2017
Crónica Digital /PL