La huelga de hambre que cumplen cuatro ciudadanos de origen mapuche cumple hoy 113 días, mientras persiste la postura del Gobierno de mantener la querella criminal.
Precisamente ese elemento y el hecho de que la administración apele a la ley antiterrorista son las causas de la protesta del lonko o jefe indígena Alfredo Trancal, y los hermanos Ariel, Benito y Pablo Trangol, presos en Temuco, al sur de Santiago.
Los comuneros exigen ser juzgados por la legislación común y no por la ley antiterrorista, que permite mantenerlos en prisión hasta por dos años sin juicio, utiliza declaraciones de testigos secretos y endurece en varios grados el castigo.
Algunos grupos mapuches protagonizan con cierta frecuencia quema de camiones, iglesias católicas y evangélicas y maquinaria agrícola, en demanda de la devolución de sus tierras ancestrales.
Los más de 700 mil indígenas de esta etnia viven en condiciones de extrema pobreza y apenas ocupan el 5% de las tierras que heredaron de sus familiares en el pasado. El resto, en su mayoría, está en manos privadas de firmas forestales.
En la región de La Araucanía, donde están mayormente agrupados, abunda la policía antimotines y la zona permanece bajo custodia militar ante los focos de violencia.
La ministra de Gobierno y vocera oficial, Paula Narváez, explicó este martes que el Ministerio Público calificó el delito, la justicia se maneja de forma independiente y por tal razón deberán ser juzgados bajo la ley antiterrorista.
Sin embargo, admitió que la administración del Estado es parte querellante de un expediente que calificó de muy grave, dentro del proceso contra nueve personas encarceladas por una serie de incendios en el sur del país austral.
A pesar de que Benito Trangol decidió dejar de ingerir líquidos el lunes, un informe médico destacó que los cuatro están estables dentro del riesgo de salud.
El asunto generó manifestaciones y muestras de apoyo a los comuneros en huelga de hambre y el lunes al menos 30 personas fueron arrestadas como consecuencia de una protesta en las puertas de la Catedral de Concepción.
Los actos de solidaridad comprendieron el levantamiento de un campamento adornado por varios lienzo en el umbral del templo religioso.
El grupo de mapuches prisioneros está acusado de ser autor de la quema en 2016 de un templo evangélico en la localidad de Padre Las Casas, en la región de la Araucanía.
Santiago de Chile, 27 de septiembre 2017
Crónica Digital /PL
