- Proyecto impone nuevas restricciones al derecho de las mujeres a interrumpir el embarazo en las tres causales, como la ampliación de la objeción de conciencia y la obligación del jefe del establecimiento de reportar la violación.
La Mesa por el Aborto en Chile reúne a diversas organizaciones y personas aliadas para alcanzar la despenalización penal y social del aborto en Chile.
La vocera de la Mesa de Acción por el Aborto en Chile, Gloria Maira, consideró que las últimas indicaciones al proyecto de ley de aborto en tres causales generan nuevos retrocesos que afectarán el acceso de las mujeres a la interrupción del embarazo.
Gloria Maira recordó que en el trámite legislativo del proyecto que lleva más de dos años de debate en el Congreso Nacional, se limitó el plazo en que las niñas víctimas de violencia sexual pueden acceder a la atención de salud a 14 semanas y se eliminó el respeto a la confidencialidad en la atención de salud de abortos en curso (en la Cámara de Diputados) y se amplió la objeción de conciencia a todo el equipo médico que haga el procedimiento.
“El proyecto que prometía un avance en los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres chilenas, durante su tramitación y con la aprobación de indicaciones de sectores conservadores, ha devenido en un proyecto cercenado y restrictivo que en la práctica pone nuevas limitaciones al derecho de las mujeres a interrumpir el embarazo en las tres causales”, sostiene la vocera.
Agregó que al ser un equipo de salud quien deberá determinar la existencia de lesiones y secuelas atribuibles a una violación para confirmar la validez de dicha causal y que se exija que el jefe del recinto hospitalario entregue los antecedentes al Ministerio Público, se sigue instalando la sospecha y la desconfianza sobre los relatos de las mujeres. “Si bien es positivo que se haya incorporado una norma que establece que la mujer no podrá ser obligada a declarar ni apremiada para comparecer en el juicio por violación, de alguna manera, se obliga el procedimiento establecido, forzando a las víctimas a probar la agresión para poder acceder a la prestación, con un alto riesgo de revictimización”.
Asimismo, la ampliación de la objeción de conciencia a todo el equipo médico que intervenga en el pabellón quirúrgico y la derivación a otros centros asistenciales para concretar el procedimiento, implica que las mujeres que viven en regiones y en zonas rurales enfrenten importantes dificultades para encontrar un establecimiento en que puedan ser atendidas.
Derecho a decidir de mujeres
Por su parte, Macarena Castañeda, también vocera de la Mesa de Acción por el Aborto en Chile, recordó que según la encuesta Adimark de marzo 2017, 52% de las mujeres en Chile considera que el aborto debiera ser un derecho y en otras mediciones, más del 70% aprueba la legalización del aborto en tres causales. Sin embargo, el Parlamento no está respondiendo a la voluntad popular de sus representadas al sumar nuevas barreras para llevar a cabo el aborto en esos casos.
Asimismo, reafirmó que, más allá del acotado y restrictivo proyecto de interrupción de embarazo en tres causales, lo que debe estar en el fondo de la discusión es la autonomía y el derecho a decidir de las mujeres sobre sus cuerpos. “Consideramos que en pleno siglo XXI nuestro país debe avanzar sostenidamente a la despenalización legal y social del aborto y dejar de criminalizar a las mujeres que deciden interrumpir una gestación, más allá de las tres causales que hoy se debaten desde una visión muy restrictiva. Basta de criminalizar a las mujeres chilenas, que siguen sufriendo violaciones a sus derechos sexuales y reproductivos”.
La Mesa de Acción por el Aborto en Chile reúne a organizaciones de derechos humanos, de mujeres y feministas, que se articulan para que se reconozca el derecho al aborto como parte de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.-
Santiago de Chile, 6 de julio 2017
Crónica Digital
