Por Manuel Riesco: MODIGLIANI

Franco Modigliani, nacido en Roma en 1918 y fallecido en Nueva York el 2003, fue un economista ítalo-estadounidense que ganó el premio Nobel de Economía en 1985. Tuvo que abandonar su país natal en 1939 debido a sus orígenes judíos y a sus ideas antifascistas que mantuvo toda la vida, durante la cual junto a otros distinguidos economistas confrontó la perversa unilateralidad neoliberal que obscuros intereses elevaron a nivel de dogma universal en décadas recientes.

Contribuyó con dos ideas fundamentales a la ciencia económica: Junto con Merton Miller, demostró que si cumplan una serie de supuestos es indiferente para la empresa financiarse mediante la emisión de acciones (financiación propia) o deuda (financiación ajena). También, junto a su alumno Richard Brumberg, explicó la aparente paradoja que hace posible que un grupo de personas de número y/o ingresos crecientes que ahorran voluntariamente durante su vida activa para luego lo gastar íntegramente lo ahorrado durante sus años pasivos, al agregarse generan una masa de ahorro siempre creciente.

No me extrañaría que le hubiese alegrado saber que el segundo de sus aportes puede llegar a jugar un papel relevante en el remoto Chile de hoy, para terminar de una vez por todas con uno de los abusos más odiosos de la dictadura de Pinochet, implantado por un extremista neoliberal demenciado, y sostenido hasta hoy por los mismos que han profitado de modo obsceno gracias al predominio de las ideas neoliberales: el inmoral mecanismo de ahorro forzoso que recibe el pomposo título de “esquema previsional basado en la capitalización individual” o sistema de AFP.

Éste es un mecanismo impuesto por el Estado mediante el cual el gran empresariado y particularmente la “industria” financiera, extraen regularmente una parte de los salarios del conjunto de los trabajadores, una gigantesca masa de dinero contante y sonante que utilizan en su beneficio, que crece constantemente y no devolverán jamás. Funciona igual que las estafas piramidales o Ponzi, puesto que paga magros beneficios a los primeros enrolados con una parte muy menor de los aportes forzosos de las nuevas víctimas, mientras el grueso de éstos se van acumulando en un fondo siempre creciente, administrado por el sector financiero que resulta el principal beneficiado con el esquema.

El mecanismo que ha obligado a los trabajadores —el descuento íntegro se impone sólo a los que ganan menos de 2 millones de pesos al mes— a contribuir un tercio del ahorro nacional bruto según reconoce el Banco Central es bien sencillo, consiste en mantener a perpetuidad un cuantioso excedente en el flujo de caja mensual neto entre las cotizaciones previsionales recaudadas y el aporte del sistema privado de pensiones al pago de éstas.

El sistema de AFP asegura un cuantioso excedente en el flujo de caja neto de cotizaciones recaudadas, las que sumaron $6,3 billones en los 12 meses a abril del 2017, en pesos de ese mes, menos las pensiones que autofinancia, que sumaron $1,5 billones en el mismo período, luego de descontar a las pensiones pagadas, que sumaron $2,9 billones, los principales subsidios monetarios directos que sumaron $1,1 billón, compuesto de $0,7 billones en bonos de reconocimiento y $0,4 billones en aporte previsional solidario, APS a pensiones AFP (Cuadro 2).

Dicho excedente de caja se transfiere de inmediato al sector financiero, a perpetuidad y sin restitución puesto que el aporte del sistema de AFP a las pensiones se financia siempre con una parte menor de las cotizaciones. Se va acumulando de este modo un excedente siempre creciente, que en su conjunto constituye el aporte de los trabajadores al ahorro nacional, que es administrado por el sistema financiero cada vez con menos restricciones. Parte significativa se transfiere al exterior y la mayor parte de lo que permanece en el país se traspasa de inmediato a un grupo muy reducido de grandes grupos empresariales chilenos y extranjeros que operan en el país, encabezados por los propietarios de las AFP.

El excedente de caja del sistema de AFP alcanza actualmente a un tercio del fondo de pensiones, con lo cual la rentabilidad del mismo alcanza sólo al tercio restante y no al 70 por ciento como señalan la industria y sus partidarios y durante la crisis del año 2008 prácticamente desapareció puesto que el fondo de pensiones al final de ese año se contrajo hasta un nivel muy similar a la suma simple de los excedentes de caja del sistema hasta ese momento.

Continuará creciendo y no se devolverá jamás, al menos mientras el flujo mensual de cotizaciones más subsidios supere las pensiones pagadas, lo que continuará sucediendo durante todo el presente siglo. En los hechos, el sistema de AFP funciona del mismo modo que un esquema piramidal o Ponzi, impuesto por el conjunto del empresariado al conjunto de los trabajadores, puesto que los beneficios se pagan con una parte menor de las nuevas recaudaciones y el excedente manejado por aquellos no será devuelto jamás.

Ello se verifica aunque a cada trabajador individual se le restituya exactamente lo que aportó, puesto que sistema de AFP comprueba la paradoja de Modigliani-Brumberg —que recordó el economista Eduardo Engel en una conversación en que discrepaba de la calificación de “estafa Ponzi”—, en el sentido que un conjunto de ahorrantes de ingreso y/o número creciente que individualmente ahorre durante la primera parte de su vida y desahorra lo mismo en la segunda, es decir, aunque cada uno ahorre cero en valor presente, generan al agregarse una masa de ahorros que crece indefinidamente.

Este mecanismo puede ser virtuoso si impulsa a un conjunto de personas a contribuir voluntariamente al ahorro nacional al ahorrar en beneficio propio una parte de sus ingresos provenientes de intereses, dividendos, rentas y otras formas del excedente de explotación. Sin embargo, al imponerse a los trabajadores la obligación de contribuir forzosamente parte de sus salarios, a pesar que cada uno de ellos reciba de vuelta íntegramente lo ahorrado, al agregar los aportes de todos se convierte en un mecanismo de exacción permanente de parte de éstos que se transfiere al empresariado y principalmente de la industria financiera, cuyo monto acumulado es siempre creciente y no será devuelto jamás, al menos mientras los ingresos y/o el número de aportantes sea creciente, lo que sucederá durante todo el presente siglo.

Un mecanismo de esta naturaleza impuesto por el Estado constituye una inmoralidad, puesto que el contrato social moderno basa la legitimidad de la apropiación del excedente por parte del empresariado en su deber ético de respetar escrupulosamente los salarios, obligación que en las sociedades civilizadas premodernas tomaba asimismo la forma del respeto riguroso por parte de señores de siervos, amos de esclavos, etc., al tiempo requerido por sus trabajadores para sostenerse ellos y sus familias, incluidos sus viejos. Al mismo tiempo, las élites adquieren la obligación moral de invertir la mayor parte del excedente para financiar íntegramente la parte que en la moderna sociedad toma la forma de ahorro nacional en sentido estricto, es decir, aquella destinada a la renovación y ampliación de la infraestructura productiva del país y generación de nuevos negocios. Una obligación adicional de las élites consiste en dedicar otra parte sustancial del excedente a financiar íntegramente los llamados “asuntos del espíritu”, es decir la educación, ciencia, arte y cultura en general.

Todo trabajador y trabajadora prudente ahorra siempre voluntariamente parte de su salario con la finalidad de consumirlo en situaciones de emergencia, en bienes de mayor valor e incluso en su vejez y, como comprueban Modigliani-Brumberg, en el agregado ello puede legítimamente aportar una parte (muy) menor del ahorro nacional en sentido estricto, es decir, prestarse al empresariado para invertirse en bienes de capital. Sin embargo, ello se desvirtúa por completo y se convierte en una imposición inmoral cuando mediante ahorro forzoso se convierte en un aporte sustancial —una acumulación de cantidad puede convertirse en un cambio de calidad, como enseña la filosofía—, equivalente nada menos que a un tercio del ahorro nacional en el caso chileno como reconoce el BC. En esas condiciones, dicho ahorro obligado se transforma en una transferencia ilegítima y a perpetuidad de una parte de los salarios al empresariado.

Todo lo anterior se agrava por el hecho que el sistema de AFP se embolsa un tercio del excedente de caja en forma de comisiones y primas netas (CENDA 2017a), pero seguiría siendo inmoral aún en el caso que excedente acumulado se invirtiera íntegramente en bienes de capital, lo que podría suceder si lo administrara un ente estatal a costo cero.

Una parte muy significativa de dicho excedente, aproximadamente la tercera parte del mismo, pasa de inmediato a propiedad de los administradores del sistema, en forma de comisiones de administración de las AFP, y primas de compañías de seguro que proveen rentas vitalicias y seguros de invalidez y sobrevivencia, netas de los beneficios pagados por éstas.

El principal mecanismo de traspaso del excedente de caja mensual del sistema sus administradores es la contratación de rentas vitalicias. Las “primas únicas” brutas traspasadas a la propiedad de las compañías de seguros, que consiste en la totalidad del fondo de pensiones de quienes contratan rentas vitalicias, equivalen a la mitad de las cotizaciones recaudadas en los doce meses a abril del año 2017 y, luego de descontadas todas las pensiones vitalicias pagadas en ese mismo período, las anteriores y las nuevas, el excedente de caja que pasa a propiedad de dichas compañías equivale a un quinto de las cotizaciones recaudadas. Las AFP, por su parte, cobran comisiones que equivalen a un 11 por ciento de las cotizaciones recaudadas, con lo cual el total embolsado por los administradores sólo por estos conceptos equivale a cerca de un tercio de las cotizaciones recaudadas.

Otra parte significativa del excedente, equivalente a más de un mes de pago de pensiones por año (Riesco 2016), se paga en comisiones a operadores financieros subcontratados por las AFP para el manejo de los fondos. Tanto las compañías de seguros como los operadores referidos pertenecen en muchos casos a los mismos grupos empresariales propietarios de las AFP.

Pretender cargar el ahorro nacional a los salarios es tanto más inaceptable en el caso chileno, donde  la masa de remuneraciones imponibles, que son las que aportan el ahorro,  representa hoy menos de un tercio (29,7 por ciento en marzo 2017) del producto interno bruto (PIB), mientras los excedentes de explotación netos de impuestos promediaron el 52 por ciento del PIB en los últimos años según el Banco Central; en los países desarrollados esa proporción es a la inversa.

En estricto rigor, en todas las sociedades, épocas y economías, los trabajadores no ahorran para renovar el aparato productivo o invertir en nuevos negocios —ello siempre ha correspondido exclusivamente a las elites y en la sociedad moderna a los capitalistas, y constituye un deber moral esencial para que su apropiación del excedente sea legítima— sino para adquirir bienes de consumo de alto valor como sus casas, automóviles, o sus vacaciones, o precaverse ante cualquier eventualidad como pérdida del empleo o enfermedad y poder en esas condiciones continuar manteniendo a sus familias, incluidos sus viejos.

Las cotizaciones previsionales descontadas a sus salarios en los sistemas de reparto no constituyen ahorro, sino son parte de su gasto corriente para mantener a estos últimos, al igual que otra parte del mismo que transfieren al Estado mediante impuestos generales al trabajo y al consumo para financiar las pensiones no contributivas.

La demanda de los trabajadores chilenos no es que otros se hagan cargo de sus viejos, eso lo han hecho ellos siempre y con dignidad, en todas las épocas, en la medida de sus recursos. Su exigencia al decir No+AFP es que les restituyan el dinero que destinan para la vejez y que el sistema de AFP desvía, todos los meses y para siempre, al sector financiero y sus propios bolsillos. Al mismo tiempo, exigen que la elite asuma su responsabilidad secular y destine lo necesario del excedente que se apropia al ahorro e inversión.

Otro tanto puede decirse de la gratuidad en la educación, puesto que el sustento de ésta, la cultura y las artes, debe ser siempre con cargo al excedente y no a los salarios, otra responsabilidad moral secular de las élites que en Chile se han pretendido eludir.

Por Manuel Riesco

Santiago de Chile, 26 de junio 2017
Crónica Digital