Un juicio abreviado para los nueves ciudadanos bolivianos presos en Chile, aliviaría las tensiones entre los dos países, aunque las esperanzas de una distensión total siguen alejadas.
Observadores y expertos de las Universidades de Chile y de Santiago consideraron hoy que el principio de acuerdo de la Fiscalía Nacional con los abogados bolivianos que llevan el caso, es en principio un paso positivo.
La víspera, el canciller chileno Heraldo Muñoz informó que se dio un arreglo para adelantar un juicio abreviado contra los nueve funcionarios bolivianos detenidos hace dos meses en Chileacusados de robo y contrabando.
Ese sería nuestro deseo, llegar a un procedimiento abreviado, dentro del marco jurídico nacional, comentó Muñoz, quien de paso prácticamente descartó una entrevista en Quito, Ecuador, entre los presidentes Michelle Bachelet y Evo Morales.
La Justicia de Chile acusó de robo, contrabando y portación ilegal de armas a los nueve bolivianos, detenidos el 19 de marzo en la frontera común en un confuso incidente.
Una jueza de la población chilena de Pozo Almonte ordenó el 22 de marzo la reclusión preventiva durante 120 días de los nueve bolivianos en el penal Alto Hospicio, de Iquique. Pero al parecer ahora se abre una luz de esperanza en concluir el caso.
Por el lado boliviano, las autoridades se manifestaron con cautela y deploraron que el ministro de Exteriores hiciera pública una gestión que compete al Ministerio Público, cuestionando su independencia.
De todas formas, el fiscal jefe Hardy Torres, de Pozo Almonte, a unos mil 850 kilómetros al norte de Santiago, confirmó que negocia con la defensa de los imputados para acelerar el fin de este expediente.
El proceso se lleva a cabo contra dos soldados y siete funcionarios aduaneros bolivianos, quienes supuestamente violaron la frontera y efectuaron actividades ilícitas en territorio chileno.
“La defensa y la fiscalía hemos solicitado nuevo día y hora para la audiencia que estaba fijada para el 25 de mayo. La jueza de Pozo Almonte la ha fijado para el 20 de junio”, afirmó Torres.
Bolivia argumenta asegura que los funcionarios tenían misiones especiales contra el contrabando cuando fueron arrestados. Arriesgan penas de hasta cinco años de cárcel.
Chile y Bolivia no tienen nexos diplomáticos y liberan un contencioso en la Corte Internacional de Justicia de La Haya, en virtud de que el Gobierno del altiplano exige a su contraparte una salida soberana al océano Pacífico.
Santiago de Chile, 24 de mayo 2017
Crónica Digital /PL
