Además persiguen apoyar los diálogos con el igualmente insurgente Ejército de Liberación Nacional (ELN), menos numeroso que las FARC-EP pero también activo hace medio siglo, explicó el comité organizador del Congreso.
Esta necesidad de encontrarse nace debido a los peligros que rondan la actual fase de implementación, amplió la misma fuente a través de las redes sociales.
El pasado 24 de noviembre el presidente Juan Manuel Santos y el líder de las FARC-EP, Timoleón Jiménez, suscribieron el acuerdo definitivo con el que se comprometieron a acabar los enfrentamientos y hostilidades.
Tal pacto contempla medidas como el cese el fuego bilateral y el desarme de dicha agrupación en 19 zonas y siete puntos transitorios; ese último procedimiento comenzó el 1 de marzo con supervisión de un mecanismo tripartito compuesto por voceros gubernamentales, de ese grupo rebelde y una misión de Naciones Unidas.
Uno de los retos de la presente etapa es concluir la adecuación de los campamentos temporales en los mencionados puntos y zonas donde los guerrilleros permanecerán por varios meses hasta su reintegración en la vida civil, dado los atrasos en la construcción de la infraestructura.
Agilizar la tramitación en el Congreso de las llamadas leyes de la paz es otro de los imperativos a fin de garantizar el éxito del período de postconflicto o posacuerdo, alertaron políticos y analistas.
Bogotá, 21 de marzo 2017
Crónica Digital /PL