Como parte del proceso de paz acordado por el Ejecutivo Nacional y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo, el objetivo de la ocupación de esas zonas es para evitar que sean tomadas por bandas delincuenciales, como llama el gobierno, o por estructuras paramilitares, como les identifica la guerrilla.
También se persigue el objetivo de prevenir el accionar del narcotráfico en esos territorios rurales o acciones de desplazamientos forzados de pobladores por dispositivos ilegales.
Rodríguez añadió que de esa fuerza movilizada, 15 mil hombres serán destacados en las cercanías de las denominadas zonas veredales de transición, donde la organización insurgente comenzará a deponer las armas ante observadores de las Naciones Unidas para incorporarse luego a la vida civil.
Durante las negociaciones entre el gobierno y la insurgencia, que duraron casi cuatro años en La Habana, las partes acordaron establecer 23 Zonas Veredales Transitorias de Normalización y ocho Campamentos, cuyo proceso está en marcha actualmente con determinado retraso por problemas logísticos.
Cada zona veredal ya establecida cuenta con equipos del Mecanismo de Monitoreo y Verificación, que integran funcionarios de la ONU, las FARC-EP y el gobierno colombiano.
En esos campamentos, con acceso por carretera o vía fluvial; sus límites corresponden a los fijados para cada vereda, los que pueden ser ampliados o reducidos por acuerdo tripartito, dependiendo del tamaño de la localidad.
En virtud de la ley de amnistía prevista, los integrantes de las FARC-EP que se beneficien con la excarcelación, y así lo deseen, se podrán integrar a las zonas veredales para continuar el proceso de reincorporación a la vida civil.
Las tres partes trabajan también en el establecimiento de áreas adecuadas adjuntas a las zonas veredales, donde serán albergadas guerrilleras en estado de gestación y con hijos menores.
Bogotá, 6 de febrero 2017
Crónica Digital /PL
