Las organizaciones de derechos humanos y sociales que suscriben esta declaración expresan su rechazo e indignación por la ratificación de las bajas condenas y remisión de ellas que ha resuelto la Segunda Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, en el caso de aplicación de tormentos reiterados a don José Tohá González, exministro del gobierno de la Unidad Popular.
A pesar del reconocimiento explícito de que don José Tohá fue sometido reiteradamente a tortura física y sicológica, tratos crueles y degradantes con el objeto de doblegar su voluntad -acciones todas definidas como tortura en la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes-, la Segunda Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago le impuso una pena irrisoria a los responsables de estos crímenes, Ramón Pedro Cáceres Jorquera y Sergio Fernando Contreras Mejías, lo que contraviene el numeral 2 del artículo 4º de la Convención señalada, que indica que “Todo Estado Parte castigará esos delitos con penas adecuadas en las que se tenga en cuenta su gravedad”.
Además de lo anterior, la Corte de Apelaciones de Santiago desestimó los recursos de las partes querellantes, quienes instaron porque además de sancionar los hechos que tuvo por acreditado el Ministro intructor como constitutivos de tormentos, fuesen también estos sancionados porque son constitutivos del delito de secuestro simple, ya que la víctima fue ilegítimamente privada de su libertad.
A lo anterior, la resolución del tribunal de ratificar la remisión condicional de la pena se convierte en una trasgresión al anhelo de justica de las víctimas, sus familiares y, claramente, a la conciencia universal de la humanidad, que ha considerado que la tortura es una de las acciones más aberrantes contra la dignidad humana y que nunca, bajo ninguna circunstancia, tiene justificación. Como bien lo señala la Convención,“En ningún caso podrán invocarse circunstancias excepcionales tales como estado de guerra o amenaza de guerra, inestabilidad política interna o cualquier otra emergencia pública como justificación de la tortura”.
Condenamos y repudiamos, en primer lugar, el fallo del Ministro Jorge Zepeda Arancibia y, además, la resolución de la Segunda Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, quienes con sus decisiones dejan en la impunidad acciones criminales consideradas por el Derecho Internacional como crímenes de guerra y como crímenes de lesa humanidad. Les hacemos responsable de que aún hoy se torture en nuestro país, por no sancionar de manera ejemplificadora estos crímenes para asegurar su no repetición.
Nuestra indignación es tan profunda que demandamos que jueces tan veniales, que ignoran los compromisos internacionales de DDHH asumidos por Chile, dejen sus cargos de tan alta responsabilidad o, de no ser así, se inicie un proceso de destitución por grave incumplimiento del deber de aplicar justicia tan gravemente conculcado.
Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP)
Comunidad Ecuménica Martin Luther King
Corporación Memoria Lonquén
Asociación por la Memoria y los Derechos Humanos Colonia Dignidad
Comisión Funa
Observatorio por el Cierre de la Escuela de las Américas
Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Ejecutados Políticos de Valdivia
Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Ejecutados Políticos de Talca
Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos y Detenidos Desaparecidos de Iquique y Pisagüa
Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos de Antofagasta
Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos de Valparaíso
Brigada Salvador Allende (BRISA)
Corporación La Serena Dieciséis de Octubre
Asociación Mutual Expresas y Presos Políticos del MIR y la Resistencia Popular
Coordinadora Nacional Expresas y Presos Políticos “Salvador Allende”
Santiago de Chile, 20 de enero 2017
Crónica Digital
