Un año después de los atentados del 13 de noviembre de 2015, los peores en la historia de Francia, el país está muy lejos de pasar la página de aquellos hechos, que dejaron más de 130 muertos.
Actividades como homenajes y proyecciones de documentales están programadas esta semana para conmemorar la fecha y recordar a las víctimas de unos ataques considerados la evidencia más cruda de que Francia no está a salvo del terrorismo.
Cuando han pasado 12 meses de la agresión, la amenaza extremista no cesa y, por el contrario, ha adquirido una mayor fuerza en una nación donde sigue activado el estado de emergencia, con su consiguiente despliegue policial en las calles.
Tales medidas excepcionales no consiguieron impedir que el 14 de julio último, en plena celebración patria por el aniversario de la toma de la Bastilla, otro ataque terrorista azotara la sureña ciudad de Niza y acabara con la vida de 86 personas.
Poco después, el 26 de julio, dos jóvenes perpetraron una toma de rehenes en una iglesia de Normandí y degollaron al párroco, un hombre de más de 80 años dedicado hacía seis décadas a la vida religiosa.
Tales acontecimientos dejaron claro que el riesgo de atentado se mantiene en el país, un hecho reconocido por las altas figuras del Ejecutivo, e incluso por los candidatos que ya se preparan para las elecciones presidenciales de 2017.
El primer ministro Manuel Valls afirmó recientemente que la nación gala se halla todavía bajo máxima amenaza: ‘todos los días los servicios de Inteligencia, la Policía, la Gendarmería, desbaratan atentados y persiguen a terroristas porque Francia es un objetivo’.
De acuerdo con cifras del Ministerio del Interior, unas mil 500 personas se encuentran bajo vigilancia por su presunta conexión con filiales extremista, de las cuales alrededor de 300 están en cárceles en unidades especiales para individuos radicalizados.
Sin embargo, estos prisioneros no siempre están aislados del resto de la población carcelaria y ejercen una fuerte influencia sobre todo en jóvenes que se encuentran en situación psicológica vulnerable dado su estado de reclusión.
Este fenómeno fue denunciado recientemente en un documental televisivo que indaga en el proceso de radicalización en las prisiones, protagonizado por promotores del extremismo que consiguen tener una determinada autoridad entre los reclusos.
La propagación de este tipo de ideas es perseguida por el gobierno, el cual en el último año cerró 20 mezquitas dedicadas al divulgar las versiones más radicales del Islam, y además expulsó del país a casi 100 imanes y extranjeros involucrados con estos actos.
Por otro lado, son habituales los arrestos de sospechosos de planear actos terroristas, como la detención de un comando de mujeres que en septiembre dejó un automóvil cargado con bombonas de gas en las cercanías de la catedral de Notre Dame, con la intención de hacerlo explotar en esa zona turística.
El fiscal de la República, François Molins, ha alertado en los últimos tiempos que la amenaza terrorista está ahora más vigente que nunca a causa del debilitamiento del Estado Islámico (EI) en los territorios de Siria e Iraq, organización terrorista que reivindicó la autoría de todos los ataques registrados en Francia.
De acuerdo con el procurador, la experiencia vivida indica que ‘cuando las organizaciones terroristas están en dificultad en su zona de acción, buscan la oportunidad de cometer ataques en el exterior’.
A ello se añade otro factor preocupante: el debilitamiento del EI podría implicar el regreso al país de cientos de nacionales que combaten en sus filas.
‘La amenaza del regreso’ es ‘un factor inquietante’, estimó Molins, quien recordó que alrededor de 700 ciudadanos se encuentran enrolados en las filas del EI.
La perspectiva del regreso de estas personas, entrenadas en escenarios de guerra en el Medio Oriente, resulta altamente preocupante para los franceses, por lo que el control de ese eventual flujo se avizora como uno de los temas más espinosos del futuro.Por Luisa María González
Por Luisa María González
París, 8 de noviembre 2016
Crónica Digital /PL