Se espera que proyecto de ley sea votado en sala posterior al regreso de la semana distrital, luego de lo cual pasaría al Senado para continuar su segundo trámite constitucional.
- Subdirector de Presupuestos echó por tierra los intentos de legisladores de Chile Vamos por revisar los cambios aprobados en las comisiones de Recursos Hídricos y Agricultura, señalando que solo los artículos 2º y 5º implicaban mayor gasto fiscal y por tanto eran los únicos de competencia de la Comisión de Hacienda.
Infructuosos fueron los esfuerzos de los diputados de Chile Vamos por abrir en la Comisión de Hacienda la discusión y eventual modificación de gran parte del articulado de la reforma al Código de Aguas ya aprobado por sus pares de Recursos Hídricos y Agricultura. Luego de más de un mes dilación, donde solicitaron oír a dirigentes y autoridades que ya habían expresado sus visiones en la tramitacion previa, el martes 11 de octubre se sancionaron los dos únicos artículos que implicaban gasto fiscal, competencia de dicha instancia.
De esta forma, el proyecto quedó en condiciones de ser votado por el pleno de la Cámara de Diputados, lo cual se espera ocurra a partir del 24 de octubre cuando los parlamentarios se reintegren al trabajo legislativo luego de la semana distrital. Posterior a ello la iniciativa pasará al Senado para continuar su tramitación en segundo trámite constitucional.
Uno de los textos votados fue el artículo 2º transitorio que establece un plazo de 5 años para que pequeños productores agrícolas (Ley 18.910) puedan regularizar sus derechos de agua, quedando exentos de la eventual caducidad por no regularización las asociaciones de agua potable rural, las comunidades indígenas y agrícolas, los propietarios de áreas protegidas que no utilicen sus derechos de agua con el objeto de mantener la función de preservación ecosistémica en dichos territorios.
En tanto, el 5º transitorio libera del pago de patentes por no uso todos aquellos derechos de agua (independiente de su fecha de constitución) que no sean extraídos ni utilizados por estar destinados a conservación, uso turístico o recreacional.
Los esfuerzos por abrir el debate a todo el articulado terminaron por desplomarse cuando el subdirector de Presupuestos, Gustavo Rivera, entregó la visión del organismo sobre los artículos que implicarían mayor gasto fiscal y, por tanto, eran de competencia de la Comisión de Hacienda.
“Las referidas indicaciones (artículos 2º y 5º transitorios) modifican dos artículos, generando un aumento del gasto fiscal. En relación con otros artículos, los cuales han sido presentados a través de indicaciones parlamentarias en las comisiones anteriores, se ha concluido después del análisis respectivo que no representan un mayor gasto no previsto” indicó. Agregó que “lo anterior se sostiene debido a que las indicaciones cuestionadas son propias del giro de la Dirección General de Aguas por lo tanto las nuevas normas pueden ser ejecutadas con la capacidad instalada en la DGA y los respectivos órganos que puedan intervenir”.
Explicó además que en términos de impacto económico, las modificaciones propuestas “tienden a producir una agilización del proceso de regularización de los derechos de agua a la vez que disponen de un plazo definido para su vigencia a modo de incentivar el cierre definitivo de dichos procesos”.
En este sentido, en un plazo de 11 años se resolverían 50 mil solicitudes de regularización que serían ingresadas para el pronunciamiento de la DGA en un plazo de cinco años, con un costo fiscal de $ 2.700 millones los cuales serán propuestos en las consiguientes discusiones presupuestarias anuales.
Los dos artículos votados fueron aprobados por amplia mayoría: 8 contra 5. A favor votaron los PS Manuel Monsalve (presidente de la comisión) y Marcelo Schilling, los DC Yasna Provoste, Fuad Chahin y José Miguel Ortiz, los PPD Enrique Jaramillo y Cristian Campos, y el PC Daniel Núñez. Rechazaron los UDI Felipe De Mussy, Patricio Melero, Javier Macaya y Ernesto Silva, y el RN Leopoldo Pérez.
Sobre la forma en que fue abordada la discusión por los parlamentarios de Chile Vamos, el diputado Núñez expresó que “tengo la impresión que lo de fondo es que no se comparte (la oposición) esta reforma, no se comparten sus principios, no se comparten sus criterios y se está buscando torpedear o poner excusas simplemente para dilatar la discusión o simplemente no hacerla, y en ese sentido vale la pena sincerar los puntos de vista”.
Santiago de Chile, 17 de octubre 2016
Crónica Digital
