El programa “Informe Especial” del estatal Canal Nacional inauguró el domingo 29 de mayo, su temporada 2016, con el reconocimiento mediático de un hecho histórico y político social, que ha buscado ser ocultado, tergiversado, desfigurado o negado por el Estado chileno, por el gobierno y sus principales autoridades.
Y quizás, el desconocimiento y hasta el prejuicio racista sea parte de una actitud cultural de buena parte de los chilenos.
Un grupo de “weichafe” (guerreros) mapuche, supuestamente acampados en la región de Alto Bio Bio, reivindicó en pantalla, el derecho a la lucha armada, al uso de la violencia, en el marco de la demanda territorial del pueblo originario mayoritario del país.
El recurso de la violencia armada es justificada por el líder de la organización Coordinadora Arauco Malleco, CAM, Héctor Llaitul, y por el auto denominado brazo armado de la misma, el Òrgano de Resistencia Territorial, ORT, por lo que caracterizan como agotamiento de las vías políticas, de las negociaciones” en su lucha histórica por la recuperación de sus territorios, y la “usurpación” de ellos por las transnacionales madereras, las centrales hidroeléctricas, y sus asociados chilenos.
Lo único sobre lo cual estarían dispuestos a dialogar, afirmaron los entrevistados, es “la recuperación autonómica y territorial”, en una posición de ultimatum que no les corresponde y que obviamente dificulta o impide el diálogo con la autoridad nacional.
El discurso de los mapuche entrevistados por el canal estatal de televisión, da cuenta de un complejo programa político-militar, a partir de una historia y plataforma reivindicatoria y de un resentimiento ante la negativa del Estado chileno, a aceptar- señalan- sus demandas, entre las cuales sobresalen “la liberación de la nación mapuche”, su independencia, la autonomía territorial.
El líder de la CAM, Hector Llaitul, y sus “comandantes” de campo (de la ORT, que se autodenomina “el brazo armado” de ella), hablan de “liberación de la nación mapuche”, del “enemigo transnacional”, de “liberación nacional”.
“El enemigo nos obliga a sacar las armas”, afirmaron los “weichafe” agregando que su objetivo es “golpear al enemigo transnacional”, apuntando que la contradicción es del “Estado contra los mapuches”, justificando como acciones de “resistencia” los actos de violencia, el sabotaje incendiario de maquinarias y camiones, o instalaciones de las empresas madereras escenificados en el territorio mapuche, el Wal Mapu.
Los entrevistados de la periodista de TVN, Paulina de Allende-Salazar, agregaron que ni la CAM ni las ORT, tienen relación con la quema de iglesias o de casas- como fue el caso Lushsinger, donde pereció calcinado el anciano matrimonio de Werner Luchsinger y Vivianne Mac Kay- o ataques donde los afectados son mapuches.
“No somos terroristas, no atacamos a las personas, a los trabajadores. No disparamos a la gente. No atacamos a las personas”, declararon.
No negando, sin embargo, la ocurrencia de esos actos, aseguraron que se trataría, de “acciones espontáneas” de “descolgados” sobre los cuales no tiene control ni pertenecen a su orgánica.
Como es natural y esperable, las reacciones frente al reportaje no se hicieron esperar, pero desafortunadamente repitiendo los viejos argumentos que reflejan los prejuicios históricos anti índígenas de gran parte de la sociedad chilena, la incomprensión de que se trata de un problema que tiene raíz histórica: la conocida y brutal “pacificación de la Araucanía” (1861-1883), la ocupación militar de sus territorios, por los triunfadores de la guerra contra Perú y Bolivia (1879-1883), una guerra de exterminio, de expropiación violenta de sus tierras y del saqueo de sus riquezas.
Pero la represión como recuerda la historia y la literatura nacional (Leer “Ranquil, novela de la tierra”, de Reinaldo Lomboy) no terminó con el genocidio de la “pacificación de la Araucanía” sino que se prolongó, por ejemplo a 1934, cuando tropas militares y de Carabineros masacraron a mapuches, campesinos y mineros en Ranquil,( Alto Bío Bío) donde fueron acribillados, lanzados al río, masacrados en ejecuciones sumarias más de 400 mapuche, campesinos pobres y mineros, los que fueron hechos “desaparecer”, también de la historia oficial.
Pero sobre todo lo que se ha vuelto a evidenciar es el desconocimiento del problema histórico real, que reclama, en pleno siglo 21, una actitud más creadora, quizás más audaz, pero sobre todo más moderna y respetuosa de los Derechos Humanos de pueblos, como los mapuche, no solo sojuzgados, sino que discriminados, avasallados y víctimas de genocidio.
En suma, víctimas de una historia de la que Chile y los chilenos debieran avergonzarse.
Existe además suficiente experiencia internacional, y sendas resoluciones de Naciones Unidas e instrumentos del Derecho Internacional, aceptadas y ratificadas por el Estado chileno, que permitirían -si hubiera voluntad política-, encontrar un .acercamiento, un reconocimiento mutuo.
Lo cierto es que un grupo de mapuches una organización, quizás no la más representativa ni mayoritaria, en términos cuantitativos, presume y asume un rol protagónico, enarbolando demandas históricas y sentidas por todo un pueblo, planteando un desafío a la institucionalidad chilena, que abre una interrogante inquietante desde el punto de vista de la seguridad, y que algunos ven como una amenaza a la integridad territorial.
Se ha puesto en el escenario nacional un tema que demanda respuestas de la autoridad y de la ciudadanía, pero sobre todo de la necesidad de un diálogo real, de acciones positivas respecto de la problemática y menos altanería amenazas o descalificaciones.
Pretender que los grupos u organizaciones mapuche, que expresan su rebeldía- que más bien se presenta como una frustración de sus esperanzas y rechazo a sus demandas- son un mero grupo de delincuentes o terroristas, no es precisamente el camino que abre las perspectivas de un diálogo, sino más bien es el preámbulo, ambientación o la justificación de una nueva “ocupación militar” del territorio y eliminación física del “enemigo”.
La pretensión de justificar acciones penales y represivas, mediante denuncias a los tribunales por la existencia de “milicia privada”, delito contemplado por Ley de Control de Armas, y amenazar como hizo ( según El Mercurio) el intendente de La Araucanía, Andrés Jouannet de que el ministerio estudiaría acciones legales contra los mapuches “encapuchados” y premunidos de escopetas y pistolas, no parece ser el camino para enfrentar el problema, y menos para un gobierno que se define como progresista.
Eso sería ponerse a la altura de la presidenta de la empresarial Multigremial de la Araucanía, Angèlica Tepper, que busca una “tolerancia cero” contra los mapuche, y de otros conocidos paramilitares de la región, que hacen ostentación en la prensa, de sus armas semiautomáticas, sin que “la autoridad” parezca alarmarse.
La situación sin duda representa un complejo desafío para el Gobierno, para el liderazgo político, para los distintos actores y la sociedad en su conjunto.
Obviamente es necesario evitar que el conflicto- que es evidente y hay que reconocer- se judicialice o militarice y se torne en una confrontación con consecuencias imprevisibles. O quizás demasiado previsibles y lamentables.
Una simple respuesta represiva, como lo demuestran las décadas de conflicto, las masacres o la tentación de dilatar, ocultar o ignorarlo, no son los caminos que exige el momento presente.
El Estado chileno y la sociedad en su conjunto, debe aceptar la evidencia que tiene una deuda histórica y actual, y una responsabilidad en el origen y desarrollo del conflicto y que hasta ahora no ha sabido enfrentar y que no ha querido o no ha podido resolver.
Por Marcel Garcés Muñoz
Director de Crónica Digital
Santiago de Chile, 4 de junio 2016
Crónica Digital
