Mientras en La Habana los delegados del Gobierno y las FARC-EP discuten hoy cuestiones clave para el fin de la guerra, los colombianos viven el período de menor violencia desde el comienzo de la confrontación bélica.
El Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (Cerac) y otros veedores de organizaciones sociales coinciden en calificar de efectivas las medidas adoptadas por el ejecutivo y ese movimiento guerrillero para reducir la intensidad de la contienda.
Desde el 20 de julio las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP) decretaron una tregua combativa unilateral, iniciativa secundada con la orden presidencial de suspender los bombardeos contra los campamentos de esos insurgentes.
Los pobladores experimentan ya un cese el fuego bilateral de facto, opinan analistas, aunque en la mesa de concertación instalada en Cuba no fue decretada esa medida de manera oficial, la cual deberá estar acompañada por una supervisión internacional liderada por Naciones Unidas (ONU) con presencia de observadores latinoamericanos y caribeños.
Hasta el 17 de marzo se cumplieron 110 días sin combates entre la Fuerza Pública y las FARC-EP, se trata de la etapa más tranquila o de menor magnitud de la conflagración en sus 51 años de historia, confirmó Cerac en su último informe, destacado este miércoles por noticiarios y televisoras locales.
En semanas previas expertos en planificación de la ONU visitaron la nación andina como parte de los preparativos para la verificación del silenciamiento de los fusiles que anunciarán de mutuo acuerdo las delegaciones presentes en la capital cubana.
Así las cosas todo parece indicar que tal disposición podría entrar en vigor en fecha no lejana.
Adicionalmente el reciente encuentro del secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, con los voceros gubernamentales y de las FARC-EP en los diálogos de paz, fue valorado como un impulso al proceso para finalizar de manera concertada la contienda.
Según el abogado Humberto de la Calle, responsable de los portavoces del Gobierno en tales conversaciones, el jefe de la diplomacia estadounidense prometió ayudas concretas en seguridad para quienes dejen las armas, así como contribuciones monetarias a inversiones del postconflicto además de colaboración en la campaña nacional de desminado, de conjunto con expertos noruegos.
Luego de la reunión el líder del grupo rebelde, Timoléón Jiménez, valoró como histórica la cita y manifestó optimismo por el respaldo de Washington a la búsqueda de la paz en Colombia.
Tras más de tres años de debates, las delegaciones lograron consensos en los temas de reforma rural integral, combate a las drogas ilícitas, participación política y víctimas.
Resta establecer las condiciones para el cese el fuego bilateral, la dejación de las armas, desmovilización y reintegración a la sociedad de los combatientes, además de definir el mecanismo más adecuado para que el pueblo refrende todo lo pactado.
Aunque los dos equipos habían apostado al 23 de marzo para terminar de forma satisfactoria las negociaciones, tanto el presidente Juan Manuel Santos como Jiménez dejaron entrever con anterioridad la posibilidad de prolongar los ciclos más allá del tiempo estimado ante la complejidad de los asuntos por dilucidar.
Las comisiones siguen trabajando sin que hasta la fecha divulgaran otra hoja de ruta o un nuevo plazo para cerrar los diálogos.
Además de estos desafíos, políticos, defensores de derechos humanos, organizaciones y especialistas insisten en la necesidad de desmontar las estructuras paramilitares a fin de garantizar un escenario de distensión duradero posterior a la firma de un tratado pacificador en Cuba.
Según la Fundación Paz y Reconciliación, en 281 municipios podrían proliferar otros fenómenos violentos debido a la presencia de bandas criminales junto a prácticas ilegales como la economía cocalera, el contrabando y la minería clandestina.
De ellos 88 correrían riesgo extremo por el deterioro de las condiciones sociales, la ausencia de acción estatal y el predominio de esos flagelos desde este momento, advirtió. Por lo que propone, además, priorizar la protección a la ciudadanía en esas zonas, y ofrecer opciones alternativas para descartar de manera progresiva actividades ilícitas a las que los habitantes recurren como medio de sustento para su familia.
Congresistas como el senador Iván Cepeda; la presidenta del partido Unión Patriótica, Aída Avella; y la abogada y exlegisladora Piedad Córdoba, afirman que las bandas paramilitares constituyen la principal amenaza para la fase de postacuerdo con las FARC-EP y alertan sobre una reactivación de esas agrupaciones en varias localidades.
El comienzo de pláticas con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), involucrado también en la guerra, es otro de los pasos pendientes para conseguir una paz completa, consideran.
Religiosos, parlamentarios y representantes de varios movimientos suscribieron aquí una carta en la cual solicitan al papa Francisco que medie entre el Ejecutivo y el ELN para concretar ciclos de discusiones formales.
Por Adalys Pilar Mireles
Bogotá, 23 de marzo 2016
Crónica Digital / PL
