Sí, lo sabemos, la derecha lo que busca no es que más estudiantes puedan acceder a la gratuidad a través de los bonos o becas que el gobierno entregue para la gratuidad. Entonces, ¿Qué es lo que buscan? Desde el mundo progresista sabemos que este tipo de políticas no subsana el problema del financiamiento de la educación, no obstante, se puede conceder a este paso táctico del gobierno lo que es: un tibio avance. Ya el abogado de ‘Chile Vamos‘ (ex Alianza por Chile) ante el Tribunal Constitucional mencionaba que sería inconstitucional que el Estado entregue recursos basales potentes a las instituciones de educación (recordemos el engranaje constitucional que tenemos que hace del Estado de Chile un ente subsidiario, y que sería incluso anticonstitucional entregar recursos que no sigan esa lógica).
El Tribunal Constitucional falló en contra del requerimiento de que era inconstitucional hacer a través de la glosa de presupuesto la iniciativa que persigue el gobierno para entregar ‘gratuidad’ a 200 mil estudiantes. Nos atreveríamos a decir que ésta era la primera punta de lanza de ‘Chile Vamos‘ para retrasar un año más la reforma educacional referente a la gratuidad, arguyendo que, como decía Jaime Bellolio, esta política no debe pasar por la ley de presupuesto, sino más bien a través de una ley que permita crear una nueva institucionalidad con financiamiento permanente ¡Pero cómo, si esto se contradice con lo dicho por el abogado de su sector que defendió la postura de inconstitucionalidad ante el TC! Por tanto, la táctica era no sólo retrasar, sino impedir, sea cual fuere el mecanismo propuesto por el gobierno, la gratuidad tan esperada por las familias chilenas.
Ahora bien, ante el posible fallo de esta primera punta de lanza (cuestión que finalmente sucedió), se inventaron otra alternativa: la discriminación por los criterios de selectividad de las instituciones educativas que recibirían los bonos y becas de la gratuidad: la calidad (4 años de acreditación para instituciones que no sean del CRUCh), la participación triestamental, y el no lucro. Este segundo paso táctico le funcionó a la derecha, advirtiéndose inconstitucionales estos criterios de selección. Si bien lo que hasta ahora se sabe debido a que aún el TC no emite su informe, es que se votó como inconstitucional el criterio de la participación triestamental como criterio de financiamiento, no obstante, esto va más allá. Lo que se ve en este punto es que la derecha busca el financiamiento de las instituciones educativas que persiguen el lucro, luego la baja calidad educativa y el desinterés por la democracia de las instituciones de educación, terminando así éstas financiadas y subsidiadas con los recursos del Estado, de todos los chilenos, para seguir lucrando. Bueno, esto no es nada nuevo bajo el sol, sabemos que la derecha económica es una clase social que basa la capitalización de sus empresas, las utilidades o las entradas directas de dinero vía bono para el consumo a través de los recursos del Estado y no por verdadera competencia en el mercado (el ídolo neoliberal). En consecuencia, esta postura de ‘Chile Vamos‘ no es para ampliar la gratuidad, una verdadera gratuidad (menos el gobierno con la política de bonos), sino la subsidiaridad de la educación y el fortalecimiento, vía metamorfosis, de lo que el ex presidente Piñera calificó como un bien de consumo.
Finalmente, el problema de todo esto no es legal (más allá de la controversia ante el TC); no es que la superestructura determine la estructura y el marco de movilidad de las fuerzas vivas; el problema es político, el problema es social, es un problema del capital. Reformas como éstas que buscan rectificar la curva de la desigualdad en Chile (recordemos que es la base de la discusión: Más educación para más Inclusión) deben discutirse y apoyarse en una mayoría hegemónica que no necesariamente se plasma en la composición ideológica del T.C, pasa por una mayoría social que pueda salir a defender los pequeños pasos, para que luego vengan otros mayores. Por eso se hace más urgente, y por supuesto necesario, la participación real del movimiento por la educación (estudiantes, profesores, apoderados, trabajadores de la educación), porque para poder avanzar un paso, sin tener luego que retroceder dos, solo puede hacerse con una fuerza social capaz de blindar el proceso de reformas (que por nimias que sean, le producen escozor a la derecha) ante el avance reaccionario de los mismos de siempre, y por supuesto de la derecha de la Nueva Mayoría, que ante a los atisbos de un reformismo con un horizonte político aceptable los diluye para no transformar al Chile de hoy por un mejor Chile para el mañana.
Por: Silvio Reyes y Cristián Cepeda. Sociólogos. Militantes de Convergencia de Izquierdas.
Santiago de Chile, 13 de diciembre 2015
Crónica Digital
La discucion no es de caracter legal ,eso me suena vacio, la cuestion aqui es politica y los que juegan a ser politicos lo saben,no deseo pensar que la mediocridad y los slogan no les permite a los politicos que dicen defender nuestros derechos no vean mas alla de sus narices.uno debe ensuciarse con lis derechos populares,sentirlos de verdad asi no tranzamos en los pasillos y si perdemos una pelea politica,ganamos en la base ycde ese modo si avanzamos.
estoy de acuerdo con lo que plantea Pancho, el resultado de el avance no pasará por la “política real” sino por el avance de las fuerzas de bases, del movimento social. Una fuerza social capaz de movilizar a la sociedad es la única menera de superar la institucionalidad que no deja avanzar.