EXCMO. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
La Coordinadora Nacional de Estudiantes Secundarios (CoNES) se presenta hoy Miércoles 9 de Diciembre de 2015 en este Tribunal a razón del requerimiento de reserva constitucional sobre la glosa N°5 del programa 30 de la Ley de Presupuesto Anual de la Nación 2016 destinada al inicio de la gratuidad en la educación superior el año entrante, presentado por parlamentarios de la oposición hace un par de semanas. Queremos manifestar nuestro desacuerdo y profundo rechazo a los argumentos esgrimidos en su presentación, que a nuestro juicio son falaces y faltan a la verdad en función de proteger intereses distintos y contrarios a los del movimiento estudiantil.
En primer lugar, estamos profundamente convencidos de que el Estado, por ser la entidad jurídica representativa de todas las ciudadanas y ciudadanos del país, tiene la potestad y obligación de poder elegir y normar a las instituciones de educación superior que deseen acceder a recursos públicos, en el entendido de que los recursos públicos son patrimonio de todos los ciudadanos del país, por lo que no pueden ir a parar a manos de corporaciones privadas que no las inviertan transparentemente en el fin específico por el cual se les entregaron dichos recursos. En ese contexto es que rechazamos tajantemente la tesis sobre “discriminación arbitraria” a los estudiantes de instituciones que no cumplan con los requisitos para acceder al beneficio que han levantado los presentadores de esta reserva, ya que es un pretexto para poder continuar y legitimar la desregulación sobre el sistema de educación superior, tanto con recursos públicos como de particulares.
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De la misma forma, señalar que la naturaleza de este recurso legal es altamente ideológico, ya que tal como este sector político propuso durante el año 2011 a través del G.A.N.E. (Gran Acuerdo Nacional por la Educación) se propone quitar la actual glosa presupuestaria –eliminando así los requisitos que el Estado impondrá a las instituciones que quieran ingresar a la gratuidad– más no así los recursos aprobados, inyectándolos a las instituciones de manera indirecta vía becas. Esto por supuesto viene a reforzar la idea que expusimos durante el párrafo anterior, que además presenta elementos falaces incluso en su motivación política, debido a que la inyección de estos recursos vía becas no supone un aumento de los beneficiarios, dado esto por la obviedad de que los recursos aprobados serían exactamente los mismos que en su forma original en la glosa presupuestaria ($536.620.149 CLP). Dicho esto, queremos dejar de manifiesto que la verdadera complicación que tiene este sector es la regulación de un sistema el cuál ha sido totalmente abierto hacia la libre iniciativa de privados, desregulado, incluso con dineros estatales y del cual, por cierto, son herederos.
Como último elemento nos gustaría recalcar dos puntos importantes a considerar:
- Los dirigentes de los partidos de derecha agrupados en la coalición “Chile Vamos” han dicho en reiteradas ocasiones de que este proyecto pasa es una imposición estatal inusitada, carente de argumentos y con condiciones arbitrarias de discriminación, lo cual obviamente no corresponde a la realidad, ya que esta glosa presupuestaria junto con establecer los requisitos, destaca también la voluntariedad para acceder a esta modalidad. Por tanto, nos gustaría destacar que los únicos que discriminarían arbitrariamente serían los propios dueños de universidades que por defender intereses personales y mezquinos, y por tanto no someterse a la regulación básica para poder obtener recursos de todos los chilenos, dejarían fuera de este beneficio a sus propios estudiantes más vulnerables, los mismos que este sector dice defender.
- Como último punto, nos gustaría recordar a modo de reflexión a este Tribunal y todos los presentes, lo altamente desigual y segregador que es nuestro sistema educacional actual en todos sus niveles. Esto lo hacemos para que se entienda el sentido de urgencia que tienen proyectos transitorios como éste, que buscan sentar las bases para la discusión de políticas públicas de largo plazo para un nuevo modelo educacional en Chile.
Ricardo Paredes Brito
Vocero Coordinadora Nacional de Estudiantes Secundarios
Santiago de Chile, 9 de diciembre 2015
Crónica Digital
