La propuesta de modificación de la Ley de Pesca recientemente aprobada por la Comisión de Pesca del Senado refleja de manera preocupante, tanto en los objetivos como en la forma, el grado de desconocimiento que se tiene acerca del sector pesquero nacional, donde pareciera ser que las consignas pueden más que la objetividad y la historia pesquera nacional.
Preocupa escuchar que la licitación de los derechos de pesca es la solución de los problemas del sector, sabiendo que la pesca licitada existe en Chile hace muchos años y sus efectos han sido opuestos a los buscados: ha generado profundo daño a las especies y ha producido concentración en la operación sobre los recursos pesqueros licitados.
Cuesta creer que nuestros legisladores no sepan que el principio fundamental de la sobreexplotación es el aumento del “esfuerzo pesquero”; es decir, la capacidad de bodega flotante que, en resumen, es el número de embarcaciones. Al respecto hay que recordar que Chile, para evitar el sobreesfuerzo, tiene cerrado los Registros Pesqueros. Sin embargo, el proyecto de ley presentado se fundamenta en el “ingreso de nuevos actores”; es decir, más barcos que aumentarán el esfuerzo y que, por cierto, aumentarán el riesgo de sobreexplotación y de pesca ilegal.
Por otro lado, la mayoría de las especies que se han licitado en Chile se encuentran en deplorable situación, como el orange roughy y el bacalao de profundidad. Esto demuestra que, en primer lugar, la licitación de los derechos de pesca va en una dirección contraria a la sustentabilidad por cuanto invita a entrar a operar a más embarcaciones, y en segundo lugar, deteriora el estado de los recursos licitados.
Sorprende que las senadoras Goic y Muñoz patrocinen una medida como esta, teniendo un claro ejemplo en la oposición expresada por las organizaciones de pescadores, tanto artesanales como industriales, de sus respectivas regiones. También sorprende que, en el caso de la senadora Muñoz, patrocine un proyecto de eliminación de las redes de arrastre cuando la principal organización empresarial y laboral de su región ha manifestado públicamente rechazo a esta medida que atenta contra los más de 3 mil empleos que dependen de esta actividad en Coquimbo, una de las zonas más afectadas por el último tsunami. Sin duda se trata de proyectos populistas, que en nada contribuyen a la protección de los empleos ni de los recursos. En el mundo no existe hoy ningún fundamento técnico ni científico que justifique eliminar este arte de pesca.
Solo para poner en contexto la falta de conocimiento de algunos parlamentarios es preciso señalar que, en el caso de la reineta -no existiendo ningún tipo de información, estudio, informe o lo que se quiera- la senadora Muñoz declaró hace algunos días en la Comisión de Pesca que este recurso es “altamente migratorio”. Si ningún científico, ni centro de estudios de renombre mundial lo ha podido determinar, tampoco el IFOP o la propia Subpesca, ¿cómo es posible que la parlamentaria diga tamaña barbaridad? ¿En qué gasta los recursos destinados a asesorías?
Ninguno de sus cercanos de la propia Comisión fue capaz de aseverar o desmentir esta situación, lo que demuestra que el Parlamento chileno lamentablemente poco o nada sabe de temas pesqueros.
Mariano Villa
Secretario General Confederación Nacional de Gente de Mar(CONGEMAR)
Consejero Nacional de Pesca
Presidente del Sindicato Interempresa de Aysén
Santiago de Chile, 6 de diciembre 2015
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