Firmado por el Gobierno y las insurgentes FARC-EP, el pacto sobre desaparecidos pudiera aclarar la situación de unos 45 mil colombianos cuyo paradero resulta desconocido, como contribución a la verdad, subrayaron hoy defensores de derechos humanos.
Según la Unidad de Víctimas 45 mil 515 personas fueron blancos de ese flagelo, en tanto 114 mil 100 están registradas como familiares perjudicados directamente por esas tragedias.
Dentro de los territorios castigados por las desapariciones forzadas sobresalen Antioquia, Meta, Valle del Cauca, Cesar y Caquetá, reseñó Caracol Radio.
Tal acuerdo logrado en La Habana entre representantes gubernamentales y de las FARC-EP es una muestra del avance en la reparación integral a quienes sufren por ese mal, afirmó la directora de la Unidad de Víctimas, Paula Gaviria, citada por la emisora de alcance nacional.
En opinión de la experta se trata de un paso más en la búsqueda de derechos básicos, las familias tendrán la certeza de que se hará lo posible para conseguir noticias sobre sus seres queridos y para que finalmente puedan cerrar heridas.
Según el comunicado conjunto ambas partes beligerantes manifestaron su compromiso para favorecer las labores encaminadas a localizar con vida a esos ciudadanos o posibilitar que los parientes cercanos reciban los despojos en los casos de los fallecidos.
Representantes gubernamentales y de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP) convinieron crear una estructura o unidad especial para tales fines, así como trabajar de manera coordinada con el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, la Fiscalía y otras organizaciones especializadas.
El texto rubricado precisa que el Ejecutivo acelerará el reconocimiento de quienes hayan muerto en desarrollo de operaciones de la Fuerza Pública, inhumados como N.N (desconocidos).
Al mismo tiempo las FARC-EP entregarán todos los datos sobre la ubicación de cadáveres y contribuirán a la entrega digna de los mismos en cumplimiento de lo dispuesto en el documento.
El grupo de medidas incluye la realización de un levantamiento o pesquisa general en fosas, cementerios ilegales y sepulturas, entre otras disposiciones.
El CICR está listo para apoyar la implementación de esas decisiones (…) declaró el jefe del organismo en Colombia, Christoph Harnisch.
Nuestra ayuda -detalló- estará centrada en la exhumación de restos mortales en zonas donde no pueda hacerlo el Estado, la asesoría a las instituciones responsables de esta problemática, entre otras misiones.
En tanto el Instituto de Medicina Forense aseguró que sus bases de datos incluyen sólo 23 mil desapariciones de tipo forzado, por lo que es preciso revisar toda la información disponible al respecto hasta llegar a la cifra mencionada de más de 45 mil.
Se trata de un trabajo complejo que suele demorar, consideró el director de esa institución Carlos Eduardo Valdés.
Por Adalys Pilar Mireles
Bogotá, 19 de octubre 2015
Crónica Digital / PL
