Esta mañana el Ministerio Público informó que acogió la denuncia presentada por el senador Alejandro Navarro, a fin de que se investigue el rechazo de más de 540 mil licencias médicas de origen laboral por parte de las mutuales, siendo derivadas al sistema público”.
El parlamentario indicó que “la denuncia la sustentamos en antecedentes proporcionados por la propia directora de Fonasa Jeanette Vega quien dio a conocer que Fonasa gasta $90 mil millones al año en licencias laborales que no le corresponden”.
A juicio del senador “este es un factor determinante en el déficit que hoy registra nuestro sistema de salud, que llega a los 200 mil millones de pesos sólo en deuda hospitalaria”.
Para Navarro “aquí existen responsabilidades penales de parte de las mutuales, así como también por parte de la Superintedencia de Seguridad Social al no existir los mecanismos de control adecuados para impedir que este eventual ilícito ocurra”.
“Con esta acción judicial esperamos que las mutuales puedan restituir al Estado los dineros defraudados, así como también se establezcan responsabilidades penales”, indicó.
El parlamentario explicó el origen del fenómeno indicando que “desde el año 2012, hemos venido denunciando el origen de este fenómeno, generado a través de incentivos perversos; ya que si un accidente no es calificado como laboral por la mutual o la Superintendencia de Seguridad Social, disminuye la tasa de accidentabilidad de la empresa, por tanto, al ser estas menos riesgosas, permite que la prima que cobra la mutual al empleador, para efectos del seguro laboral, mantenga o disminuya su valor”.
Esta situación es la que a juicio de Navarro “le permite a las mutuales lucir cifras, como las de la mutual Asociación Chilena de Seguridad (AChS), que se jactan de haber bajado la tasa de accidentabilidad de sus empresas al 4%”.
Y prosiguió “además con lo anterior, al no brindar atención a trabajadores beneficiarios de la ley 16.744, las mutualidades generan las condiciones necesarias para atender a particulares y lucrar. Esto, ya que mediante el decreto ley 1819 (promulgado en Dictadura), artículo 29, ‘las mutualidades quedan facultadas para extender la atención médica a particulares cuando estén en condiciones para ello, sin desmedro de las funciones y obligaciones que les encomienden o imponen la legislación que les es aplicable, sus reglamentos o estatutos’”.
“Con esto, las mutuales han podido aumentar sus ganancias hasta en un 153%, las que luego retiran a través de sociedades espejos, al igual que las universidades privadas. A modo de ejemplo, la ACHS con casi 50% de participación en el “mercado de las mutuales”, tiene participación en una serie de sociedades anónimas; entre estas podemos encontrar el Laboratorio Bionet con un 33.33%, Sorema S.A con 75%, Sorema del sur S.A con un 30%, Sorema del norte S.A con un 30% Imágenes 2001 S.A con el 34%, SMI Concepción S.A con el 20%, SRM Concepcion S.A con el 10.64%, SMMN Concepción S.A con un 20%, SMI S.A con un 22.2%, SMI Temuco S.A 49.14%, Esachs 99%, CEM HTS 99.99%, entre tantas otras”.
Navarro recordó que “ya por el año 2011, Ciper advertía sobre el imperio de negocios que la ACHS creó con las cotizaciones de los trabajadores[i]. Pero lo que faltó investigar fueron las consecuencias que este perverso sistema trae al sistema público, la pregunta era ¿quién paga? Fonasa, ¿cuánto?, más de 90 mil millones al año”.
Para el líder del MAS “es así como las mutuales, entidades que fueron creadas para prevenir y resguardar a los trabajadores en caso de accidentes laborales o enfermedades profesionales, desvirtuaron el espíritu de la ley 16.744 la que fuese promulgada el año1968, en el Gobierno de Eduardo Frei Montalba, convirtiéndose hoy en una máquina de defraudar el Estado”.
Finalmente Navarro sostuvo que “valoramos que el Ministerio Público estime que los antecedentes presentados, así como lo revelado por la directora de Fonasa, sean suficientes para dar origen a una investigación por parte de la Fiscalía”.
Santiago de Chile, 14 de agosto 2015
Crónica Digital
