La Bancada Socialista presentó este martes una solicitud de diligencias ante la Fiscalía para indagar la responsabilidad penal de las empresas Penta y SQM en los delitos de cohecho.
La acción se fundamenta en la Ley 20.393, aprobada en diciembre de 2009, que establece por primera vez la responsabilidad penal de la persona jurídica y tipifica tres delitos susceptibles de cometer por las empresas : el financiamiento del terrorismo, el lavado de dinero y el cohecho.
La presentación fue realizada por los diputados Marcelo Schilling y Leonardo Soto, y por el abogado Enrique Aldunate, patrocinantes de la querella que la bancada PS presentó en el mes de octubre en el marco del caso Penta.
“Queremos que la Fiscalía interrogue a estas empresa sobre si cumplieron la ley en sentido de establecer las medidas preventivas de control ante la comisión de estos delitos y si tienen medidas de supervisión al respecto. De no existir estas, se trataría de una vulneración a la ley que explica los actos de corrupción en que ellos han incurrido al financiar ilegalmente las campañas políticas”, explicó el diputado Schilling.
El parlamentario dijo que con la ampliación buscan también que se interrogue a todas las empresas certificadoras de buenas prácticas empresariales y organizaciones, de manera de establecer si estas empresas fueron requeridas por Penta y SQM para cumplir con la ley.
“Se ha puesto acento en la debilidad de la naturaleza humana y en las personas que se han dejado tentar por los sobornos, sean políticos o no, pero se ha puesto poca atención en las prácticas empresariales que de manera reiterada en el tiempo dan cuenta de que ellas han delinquido”, agregó Schilling.
A su turno, el diputado Leonardo Soto, presidente de la comisión de Constitución, llamó a la Fiscalía a que investigue con celo los delitos cometidos por las empresas investigadas hoy por aportes irregulares a campañas.
“Vamos a sostener esta acción hasta lograr la máxima pena. Creemos que se puede aplicar la disolución de las empresas Penta, eso lo establece la ley y esperamos que durante la investigación se demuestre que eran una máquina para defraudar al Fisco. Aquí se está dando una señal al empresariado chileno”, recalcó Soto.
Santiago de Chile, 28 de abril 2015
Crónica Digital