Daniel Farcas (PPD) y Gabriel Silber (DC) lamentaron el rechazo a la reclamación presentada por la Fiscalía Nacional Económica, que pretendía revisar el funcionamiento del mercado de los pagos electrónicos.
Tras reunirse con el fiscal, Mario Ibar, abogado de la Fiscalía Nacional Económica, los diputados Daniel Farcas (PPD) y Gabriel Silber (DC) lamentaron y criticaron la decisión de la Corte Suprema, que este jueves rechazó el recurso de reclamación que el organismo presentó contra una resolución del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, que en diciembre de 2013 puso fin a un procedimiento que buscaba revisar el monopolio de las transacciones electrónicas en Chile, en poder de Transbank.
El diputado Farcas lamentó que “este fallo dividido (3-2) cierre la puerta al ingreso de otros actores al mercado, que podrían generar mayor competencia y mejores condiciones para los usuarios. El actual monopolio está consolidado a partir de antiguas normas, creadas en 1991, por lo que hoy no se justifica su existencia”.
El parlamentario explicó que el próximo paso será generar un proyecto de ley que modifique las normas del Banco Central, relacionadas a los métodos de pago y otros elementos que regulan las transacciones electrónicas.
“Es el único camino que nos queda, por lo que desde ya estamos coordinando reuniones con el ministro de Hacienda y el presidente del Banco Central, ya que es imperativa la presentación de un proyecto de ley que permita tener medios de pagos distintos a los bancos, tal como ocurre en diversos países del mundo”, agregó Farcas.
Por su parte, Gabriel Silber expresó que “este fallo echa por tierra la posibilidad de generar competencia y mejores condiciones para los chilenos, fortaleciendo el hecho de que los bancos negocien de manera conjunta, bajo la operación de Transbank”. Además, el legislador añadió que “esta empresa concentra más del 90% de las operaciones de comercio electrónico en Chile, cobrando los costos de intermediación”.
Cabe destacar que el fallo dictado por la Corte Suprema se sustentó, principalmente, en el argumento de que esta materia sólo es competencia del Banco Central, que es el organismo con la facultad de efectuar regulaciones en materia monetaria, crediticia o financiera en el país.
