Con sospechosa coincidencia los dos principales medios informativos escritos chilenos -el llamado duopolio- instalaron éste domingo 5 de abril, el tema del “gran acuerdo” de la llamada “clase política” para superar el emporcamiento en que han caído tras develarse el escenario de corrupción de la impúdica relación dinero-política.
La idea del “gran acuerdo” intenta, busca, dicen, comprometer al escenario político nacional en las buenas prácticas, en portarse bien, y sobre todo salvar la cara, con el objetivo -era que no- de dar vuelta la página de los escándalos.
Y sobre todo tender un manto de impunidad, barrer la basura bajo la alfombra. Y circunscribir, limitar el escándalo a un tema judicial o de malas prácticas, “vivezas”, una suerte de “diablura”, habitualmente aceptada, una simple defraudación, en el área del pago de impuestos.
A lo mucho se buscará hacer pagar el pato de la boda a un par de figuras desechables, a las que ae buscará luego recompensar bien con algún directorio o acciones o alguna “cosita poca”.
La gran maniobra, tiene como requisito que se prepare entre cuatro paredes, en lo posible con personajes de todos los colores- un verdadero arcoíris, que represente a la transversalidad ad hoc actual, pero que sobre todo deje afuera a la gente, que se haga sin la gente, y por lo mismo contra la gente.
La búsqueda de un cierto “gran acuerdo”, no tendría otro objetivo real que eludir las raíces profundas de la crisis moral que afecta al mundo político, evitar la justa condena social a quienes han corrompido las prácticas políticas, subordinando la democracia y sus instituciones a lo intereses de un empresariado también responsable y beneficiario de estas malas prácticas.
Entre estos resaltan miembros destacados y muy representativos de la elite política- principalmente de la derecha, hasta hace poco, “pinochetista”, y ahora “piñerista”, y cómplices del saqueo de las riquezas nacionales, robándose las empresas del Estado y los ahorros de los chilenos más modestos, mediante la “industria” privada de la previsión y de la salud pública.
Ponce Lerou pasa a ser un ejemplar típico de ese tipo de individuos: yerno de Pinochet en su tiempo, beneficiario directo del robo de las empresas del Estado conocido como “privatización” (SQM y convertido luego en “mecenas” de políticos (principalmente de la UDI y Renovación Nacional, pero no solo de ellos, a los que financiaba generosamente a cambio de que le dejaran las manos libres para seguir negociando.
Para la gente como Délano, Lavín, Cruzat y otros, “invertir” en políticos era parte de su estrategia empresarial. El objetivo no es otro que, mediante sus legisladores, hacer aprobar leyes, indicaciones o decisiones que favorezcan el incremento de sus inversiones y garantizar sus ganancias
Al mismo tiempo la idea de estos promotores del “gran acuerdo”, que aparece más bien, como un pacto mafioso, a la mala, es que los delincuentes tributarios, los culpables directos de actos de corrupción, elusión de impuestos, eludan los procesos y condenas. Echarle tierra al asunto.
Bien ha hecho la presidenta Michelle Bachelet, quitándole el piso a cualquier pretensión de impunidad, al enfatizar en un encuentro con corresponsales extranjeros, que “lo que está fuera de discusión es que aquí un gran acuerdo no significa un “arreglín”.
No hay espacio político en Chile, en la sociedad, para la impunidad.
El concepto de “gran acuerdo”, por otro lado, no puede ser instalado por los propios implicados y en su directo beneficio.
Por cierto la salida a la crisis de confianza en las instituciones, en la política, requiere de un compromiso profundo, amplio, incluso transversal, de transparencia, de fortalecimiento y profundización de la democracia.
Pero esto solo puede generarse democráticamente.
Al mismo tiempo es indispensable que las propias instituciones políticas asuman su responsabilidad en el compromiso, hagan su autocrítica, su mea culpa, pero sobre todo limpien la mugre,se excusen ante los ciudadanos, y enmienden su conducta.
Todo debe ser hecho a la luz del día, en medio de una discusión nacional, siendo una buena oportunidad de ponerlo en la agenda de la discusión necesaria, profunda y amplia, de la nueva Constitución que Chile demanda.
Pero además, debe quedar absolutamente en claro que el tema, no es un asunto meramente judicial, que se termina con el pago de una multa, ni siquiera con la devolución de lo malamente habido.
La crisis que con toda razón preocupa a los ciudadanos y que sin duda amenaza a la democracia, a la estabilidad institucional del país es la moral, la incestuosa relación entre dinero y política, la cooptación de los polìticos por parte de los grupos empresariales, que convierte a los legisladores, ministros y otras autoridades del Estado, en rehenes, en servidores y ejecutores de los interese y decisiones de los grupos económicos.
Lo que está en tela de juicio es la moral de la política, el carácter mafioso, corrupto, que muestra esta actividad en el país real, la percepción ciudadana de algo huele muy mal en las esferas del poder.
La democracia debe defenderse, en primer lugar de quienes envilecen la política, de los que consideran a la institucionalidad como un botín financiero o buscan convertirla en una instancia, una plataforma, para apoyar sus negocios, una inversión que garantice sus capitales y proteja sus ganancias.
El soberano, el pueblo, debe hacer valer el imperio de la verdad y la justicia, frente a quienes, desde los poderes económicos, y las camarillas de políticos envilecidos, pretenden usurpar sus derechos y defraudar su confianza.
Así como un día los chilenos dijeron “Nunca Más” a la dictadura y al imperio de las armas homicidas contra Chile, su pueblo, la democracia y sus instituciones, hoy debe reeditarse la consigna movilizadora, contra los corruptos.
Junto al apoyo ciudadano a las iniciativas de transparencia, moral pública, control de la relación política-dinero, un paso efectivo será la sanción colectiva de los ciudadanos al rechazar a los corruptos en las próximas elecciones municipales: “¡”Ni un solo voto para los corruptos!.
Por Marcel Garcés, Periodista. Director de Crónica Digital.
Santiago de Chile, 10 de abril 2015
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