PFrente al Proyecto de Ley que pretende modificar el Código del Trabajo, el cual ya se encuentra en tramitación en el Congreso, nos parece pertinente hacer algunas apreciaciones respecto de dicho proceso. Hoy no hay excusas para no avanzar de forma decidida al término de las desigualdades y los abusos en materia laboral, como coalición de Gobierno, tenemos los votos suficientes en el Congreso. La Nueva Mayoría asumió un compromiso democratizante y éste debe expresarse en las relaciones capital-trabajo debido a la evidencia empírica de que el fortalecimiento de la organización sindical, la huelga y la negociación colectiva avanzan hacia sociedades con mayor justicia social. No hacerlo supondría por decir lo menos una incoherencia.
Como antecedente, debemos hacer presente que el actual Código del Trabajo instaurado en dictadura, recoge, en materia laboral, lo peor del ideario neoliberal, esto es, la precarización del trabajo, en su perspectiva individual, derogando y dejando sin efecto los avances alcanzados por el mundo sindical en casi un siglo de lucha, sustituyéndolo por una nueva estructura normativa que ha sido “caldo de cultivo” para una nueva forma de explotación basada en la inestabilidad laboral, la tercerización de funciones y la flexibilidad laboral.
Desde el punto de vista colectivo, promueve la eliminación de los sindicatos, la atomización de los mismos y, además, ataca la principal herramienta que tenemos los trabajadores, esto es, la negociación colectiva, excluyendo a un número mayoritario de trabajadores (públicos y privados) los que carecen de derecho a negociar colectivamente, limitándola al ámbito de la empresa, la prohíbe a nivel de área o supra empresa, estableciendo una tremenda desigualdad de fuerzas entre el sindicato y la Empresa, haciendo inefectiva su principal medio de lucha, la huelga, por medio del reemplazo legal de trabajadores, la posibilidad de descuelgue y prohibiéndola en determinadas empresas, entre otras espurias instituciones jurídicas.
Es en este escenario, y haciéndose eco del reclamo de las organizaciones sindicales y la ciudadanía, que el actual gobierno propuso en su programa terminar con esta situación de abuso y abocarse a una reforma laboral, que recogiendo el reclamo ciudadano, adecuara nuestra legislación laboral a los estándares mínimos de un estado de derecho social, pluralista y democrático, y a las sendas recomendaciones del comité de expertos de la OIT, que, permanentemente, viene haciendo presente que nuestra normativa laboral viola los convenios internacionales y vulnera los derechos humanos a la libertad sindical, la negociación colectiva y la huelga.
Es así, que dicho compromiso con las organizaciones sindicales y la ciudadanía establecido en el programa de gobierno, es, nuevamente, validado en el mensaje del Proyecto, el cual, manifiesta expresamente su compromiso con el cumplimiento de las recomendaciones de la OIT y las aspiraciones más sentidas del mundo sindical, en el entendido que la negociación colectiva en términos de igualdad de fuerzas de las partes, es, junto a la reforma tributaria, la base de una nueva y mejor distribución de las riquezas de una nación.
El problema está, en que el articulado, muy probablemente por el actuar de los autodenominados “técnicos”, “asesores”, “expertos”, no recoge de la misma forma el compromiso con la ciudadanía y el mundo sindical, limitándose a ser un proyecto mediocre, que incluso, en muchos casos constituye un retroceso de la normativa “fascistoide” que actualmente nos rige, como por ejemplo, en lo relativo a la criminalización del actuar sindical, la criminalización de la huelga propiamente tal, con una condena y sanciones novedosas a la violencia en ella, como si la violencia viniera de la parte débil, esto es, de nosotros los trabajadores.
Punto aparte merece el hecho del grave error conceptual en que incurre el proyecto respecto a la huelga, que le coloca el apellido de “pacífica”. En este sentido coincidimos con muchas voces del mundo sindical, que critican esta regulación, ya que evidencia que en el fondo la apuesta del proyecto es por el mentado diálogo social y no por la negociación colectiva, ya que confunde la huelga, por esencia, el mecanismo de presión de los trabajadores organizados con la solución del conflicto mismo. No hay dudas de que la solución de un conflicto de intereses, como es el que da lugar a la negociación colectiva, debe ser pacífico, pero ello no implica que la huelga de por sí, reconocida nacional e internacionalmente, un mecanismo de auto tutela cuya intensidad va a depender de la gravedad del conflicto mismo y de las agresiones de las cuales somos víctimas los trabajadores. Por ello, resulta aberrante la exigencia planteada en el inciso 1º artículo 349 del proyecto, y ejemplifica del error conceptual en que incurre el proyecto, esto, además, de rozar la criminalización legal del movimiento sindical al establecer como causal de prácticas antisindicales, la conducta de autodefensa plenamente legítimas según la jurisprudencia de la OIT, estableciéndolas, incluso, como una nueva causal de desafuero de los dirigentes sindicales.
Sumado a lo anterior, resulta incomprensible el tratamiento que hace el Proyecto respecto de los servicios mínimos o equipos de emergencia. Es así que, la huelga es un derecho, y es un derecho humano o prioritario en los términos de la OIT, por tanto, absoluto, y que al legislador sólo le corresponde reconocerlo y que toda limitación a dicho derecho humano debe ser estricta y taxativamente establecida, lo que en modo alguno se compadece con la definición de servicios mínimos (no existe definición) y la imposición de los mismos en todo proceso de negociación. De lo anterior resulta que la supuesta excepción, servicios mínimos, al no estar definida y estar impuesta para todo proceso de negociación y con sanciones específicas, es más amplia que el derecho mismo, lo que redunda en que, en la práctica, el proyecto sigue manteniendo un sistema que no reconoce el derecho a huelga efectivo, con la peculiaridad, propia de nuestro país, de que los propios trabajadores que deciden hacerla efectiva, son obligados a ser sus propios rompe huelgas.
A lo anteriormente dicho, resulta que existe una visión crítica sostenida en el mismo sentido por distintas e importantes organizaciones sindicales respecto del articulado mismo, el cual, al ser analizado objetivamente se aparta del compromiso asumido con la ciudadanía y el mundo sindical, que mantiene y consolida con un nuevo lenguaje las graves violaciones a los convenios internacionales y las recomendaciones de la OIT , y más encima, avanza en la precarización y flexibilidad laboral al incorporar los llamados pactos de adaptabilidad, “flexibilización encubierta”; pactos que jamás fueron comprometidos en el Programa de Gobierno.
Pareciera que, nuevamente, los “técnicos” y los “expertos”, pretenden imponer los intereses del gran capital nacional y extranjero, al interés nacional y, vía confusión conceptual y lenguaje jurídico, quieren establecer una nueva normativa laboral en algunos casos más retrógrada que el actual Código del Trabajo establecido a fuego y a sangre por la dictadura.
El actuar anterior causa mucho daño al compromiso del gobierno en su lucha contra la grave desigualdad que nos aqueja como sociedad, la “letra chica” empaña el compromiso que votó la ciudadanía, razón por la cual, se debe enmendar el rumbo, se deben cumplir fielmente los compromisos asumidos para transitar a un Estado más justo, más igualitario y en el que los trabajadores organizados sean el motor de la lucha contra este sistema que beneficia sólo a algunos usureros nacionales o extranjeros.
Hoy tenemos certeza y el respaldo ciudadano para enfrentar este desafío y dar esta lucha, que marcará nuestro futuro por las próximas décadas, tenemos el deber moral y político de trabajar para que la Reforma Laboral que salga del Congreso refleje fielmente el compromiso asumido en el Programa de Gobierno, que vele por los derechos de los trabajadores, garantizando la justicia como principio de igualdad para la ciudadanía. Dejando de lado, de una vez por todas, las recomendaciones de los “técnicos” que pretenden sustituir la voluntad soberana del pueblo para seguir perpetuando este modelo neoliberal.
Izquierda Ciudadana es un partido que pretender renovar la política, trayendo aires frescos, provenientes del mundo social marginado de la toma de decisiones. En ese sentido, estamos en la construcción de una fuerza política comprometida con los trabajadores y sus demandas en búsqueda de una relación de mayor y mejor justicia con respecto a la parte patronal, sin importar si esta es pública o privada. Es nuestro deber esforzarnos en todo lo que esté a nuestro alcance, por mejorar esta reforma, de manera de favorecer, claramente, los intereses de los trabajadores manuales e intelectuales que hoy sufren los descalabros un Código Laboral añejo e injusto. Nuestro norte es y ha sido con los trabajadores: Siempre!!!
Por Tamara Muñoz
Presidenta Federación Nacional de Trabajadores del Call Center, FETRACALL
Consejera Nacional CUT
Comisión Política Izquierda Ciudadana
Santiago de Chile, 10 de marzo 2015
Crónica Digital
