No se presentó y no ha sido ubicado por la PDI. La parte querellante solicitará que se le deje en prisión preventiva por riesgo de fuga.
La abogada Magdalena Garcés informó que el ex agente de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINA), Ricardo Lawrence, se encuentra con orden de arresto y es buscado por la Brigada de Derechos Humanos de la Policía de Investigaciones (PDI).
La profesional indicó que Lawrence fue condenado en primera instancia a 7 años de presidio, en la querella presentada por más de 30 sobrevivientes de secuestro y tortura en Villa Grimaldi, la cual fue dictada a mediados de enero por el ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago Leopoldo Llanos.
En esa condena fueron notificados los diversos agentes encabezados por el ex director de la DINA, Manuel Contreras, Miguel Krassnoff, Marcelo Moren Brito, Pedro Espinoza y Eduardo Astorga.
Lawrence fue citado a esa diligencia judicial y no se presentó, lo fueron a buscar a su casa, no lo encontraron y se dio una orden de arresto, señaló Garcés.
Una vez detenido “se le tiene que notificar el fallo y el juez deberá determinar si le mantiene la libertad provisional o lo deja en prisión preventiva. Nosotros pediremos que se le deje en prisión preventiva por riesgo de fuga”, aseguró.
“La orden de arresto fue dada en la causa Torturas en Villa Grimaldi, se está esperando notificarlo para que pueda subir a segunda instancia”, explicó
“En las otras causas en las que está en libertad provisional -agregó-, tenemos que ver si fue a firmar durante el mes de febrero y si no lo hizo, podemos pedir que se le revoque la libertad provisional y se dicte la prisión preventiva”.
Lawrence está involucrado en los procesos de Calle Conferencia, por la desaparición de la dirección clandestina de Partido Comunista, y en varias querellas por detenidos desaparecidos en el ex Cuartel Terranova de la DINA, actual Parque por la Paz.
La condena del juez Leopoldo Llanos
El dictamen del ministro Lepoldo Llanos de enero determina como hechos probados que en Villa Grimaldi “operaban grupos de agentes de la DINA, quienes, con conocimiento e instigación del Director del organismo, y ostentando diversos grados de jerarquía en el mando, ordenaron algunos y ejecutaron otros, capturas de personas militantes o afines a partidos políticos o movimientos de izquierda, a quienes encerraron ilegalmente en el lugar, doblegándolos bajo tormento físico de variada índole, con el objeto de hacerlos entregar información sobre otras personas de la izquierda política para aprehenderlas”.
La lista de querellantes
La lista de personas que solicitaron castigo para quienes cometieron este crimen contra la humanidad son las siguientes:
Omar Antonio Barraza Díaz, Nuvia Betsie de Lourdes Becker Eguiluz, María Cecilia Bottai Monreal, Lucrecia Brito Vásquez, Edwin Patricio Bustos Streeter, Renán Gregorio Castillo Urtubia, María Cristina Chacaltana Pizarro, Rafael Francisco Donoso Garay, Salvador Alejandro Donoso Garay, Raúl Enrique Flores Castillo, Ricardo Frodden Amstrong, Gerardo Cornelio García Huidobro Severín, Hilda Amalia Garcés Durán, Martín Humberto Hernández Vásquez, Selva Ivonne Hidalgo Fuentes, Pedro Alejandro Matta Lemoine, José Danor Moya Paiva, Amelia Odette Negrón Larre, Juan Patricio Negrón Larre, María Isabel Ortega Fuentes, Lelia Matilde Pérez Valdés, Juan Alejandro Rojas Martínez, Osvaldo Ignacio Torres Gutiérrez, Rosa Elvira Lizama Leiva, Gladys Nélida Díaz Armijo, Jesús Clara Tamblay Flores, Marcia Bernardita Scantleburry Elizalde, María Isabel Matamala Vivaldi, Alicia del Carmen Alvarado Vistoso, Sergio Carlos Requena Rueda, Roberto Ernesto Gajardo Gutiérrez, María Stella Dabancens Gándara, Delia Susana Veraguas Segura, Mariluz Zabrina del Rosario Pérez Allende, Ofelia Nistal Nistal, Lautaro Robin Videla Moya, María Alicia Salinas Farfán.
Las otras condenas a la cúpula de la DINA
El ministro condenó a Manuel Contreras; Pedro Espinoza; Marcelo Moren Brito; Miguel Krassnoff Martchenko; Rolf Wenderoth y Fernando Lauriani a 7 años de presidio.
En tanto, Basclay Zapata y Orlando Manzo fueron condenados a 5 años y un día de cárcel, sin beneficios.
Por Carlos Antonio Vegara
Santiago de Chile, 4 de marzo 2015
Crónica Digital
