La Directora del INDH, Lorena Fries, manifestó su satisfacción por la decisión del tribunal, reiteró la urgencia de trabajar en planes de formación acorde a los derechos humanos y expresó su disconformidad por la falta de sanciones disciplinarias hacia los funcionarios.
“Uno esperaría que la PDI hubiera tomado sanciones que dieran cuenta de una señal más clara de su doctrina institucional y contra violaciones a los derechos humanos. Ahora esperamos que sean dados de baja, ya que algo que ningún funcionario puede hacer, sobre todo cuando tiene el legítimo uso de la fuerza, es el acto de tortura”, expresó la directora del INDH.La Directora del INDH, Lorena Fries, manifestó su satisfacción por la decisión del tribunal: “Este fallo da cuenta de la obligación del Estado en materia de tortura: prevenir, investigar y sancionar. Este crimen, en el que se ven involucrados agentes del Estado, es una de las violaciones a los derechos humanos más graves y que afectan más intensamente la dignidad humana. Nosotros hemos presentado querellas no sólo contra funcionarios de la PDI, sino también de Carabineros y de Gendarmería, lo que nos demuestra la necesidad de trabajar con ellos en el campo de los derechos humanos”.
En este sentido, Fries enfatizó la urgencia de impulsar planes de formación acorde con estándares internacionales de derechos humanos. “En Chile existe la tortura y un primer paso para erradicar esta práctica es la instalación de un trabajo de formación intensivo y sostenido en el tiempo con aquellos funcionarios que están facultados para el uso legítimo de la fuerza”, dijo.
Los detectives involucrados en este caso –siete pertenecientes a la Brigada de Investigación Criminal de Pudahuel y otros tres a la Brigada Móvil de Cerrillos- se encontraban en prisión preventiva desde 2012, año en que esta red de corrupción se hizo pública, debido a la denuncia del fiscal Emiliano Arias, quien en conjunto con Carabineros desbarató esta red. Ninguno de los funcionarios procesados recibió sanciones administrativas durante estos años. “Uno esperaría que la PDI hubiera tomado sanciones que dieran cuenta de una señal más clara de su doctrina institucional y contra violaciones a los derechos humanos. Ahora esperamos que sean dados de baja, ya que algo que ningún funcionario puede hacer, sobre todo cuando tiene el legítimo uso de la fuerza, es el acto de tortura”, expresó la directora del INDH.
Según relató el fiscal al inicio de la investigación, los policías torturaron a narcotraficantes del sector para conseguir droga y especies la noche del 21 de marzo de 2012.
Ese día, un grupo de tres detectives efectuó un allanamiento ilegal en una casa de Pudahuel. Su objetivo era realizar una quitada de droga y robar dinero y especies desde la vivienda ocupada por narcotraficantes. En medio de la operación, la dueña de casa, Paula Gamboa, apuñaló al detective Fabián Arévalo, agresión que fue respondida con golpes y torturas a los moradores por parte de los detectives.
En ese momento, el fiscal Arias comenzó a investigar el homicidio frustrado del detective, pero al poco andar comenzó a detectar incongruencias en las versiones de los policías. Éstos justificaron el mencionado allanamiento señalando que habían recibido una falsa llamada desde el penal Colina II que informaba sobre una presunta transacción de droga que se efectuaría en el inmueble.
Tras la intervención de teléfonos, entre otras diligencias, se logró determinar la existencia de una red de corrupción que involucraba a 10 policías.
El próximo 5 de enero se conocerá la sentencia y las penas que deberán cumplir los funcionarios de la PDI que fueron condenados.
Santiago de Chile, 13 de noviembre 2014
Crónica Digital
