Se propone que esta garantía constitucional consagre el derecho a la independencia, participación, cuidados, autorrealización y dignidad de los adultos mayores, y que una ley regule el ejercicio y promoción de estos derechos.
Enfrentando un problema creciente en la sociedad chilena, los diputados PC Guillermo Teillier, Lautaro Carmona, Daniel Núñez y Karol Cariola, junto al PPD Enrique Jaramillo, el radical Carlos Abel Jarpa, el DC Sergio Ojeda y la PS Denise Pascal, presentaron un proyecto de reforma constitucional que consagra el derecho a una vejez digna (boletín 9617), el que será estudiado por la Comisión de Constitución.
Los parlamentarios proponen incorporar al artículo 19 de la Carta Fundamental, sobre Garantías Constitucionales, el derecho a una vejez digna, el cual comprende el derecho a la independencia, participación, cuidados, autorrealización y dignidad de los adultos mayores.
Asimismo, plantean garantizar la protección mediante recurso de este derecho, para lo cual proponen modificar el artículo 20, asegurando de este modo la posibilidad de los afectados de recurrir a los tribunales en caso de ver limitado el ejercicio de este derecho.
En los antecedentes, los autores señalan que Chile se encuentra, según la ONU, en el cuarto lugar dentro de Latinoamérica, después de Cuba, Uruguay y Argentina, respecto a la cantidad de habitantes del país que son parte de la población adulta, revelando el actual panorama de envejecimiento demográfico.
Nuestro país actualmente está compuesto por una población cercana a 17 millones de habitantes, del cual el 14,4% es parte del grupo etario de 60 años o más. Los hombres componen el 43,9% y las mujeres representan el 56,0%.
En cuanto a la evolución demográfica de los adultos mayores en los últimos años en nuestro país, es exponencial, pasando de 735.130 en 1970, a 909.818 en 1980, a 1.179.637 en 1990, a 1.568.467 en 2000, y a 2.213.436 en 2010.
«Hay que actuar entonces, con sentido de realidad, con sentido de futuro y con un profundo sentido democrático para abordar la protección y desarrollo de los adultos mayores, no sólo por situaciones puntuales como su protección frente a la violencia intrafamiliar, su adecuado cuidado en instituciones especializadas, obligación de alimentos, o cuidados sanitarios, sino que se debemos abordar este fenómeno como el envejecimiento de nuestra sociedad», sostienen los diputados.
Agrega que «preocuparse de esto, es tan relevante como el respeto y protección a la vida privada, el derecho a la libertad individual, la libertad de enseñanza, el derecho a sindicarse y el consagrado derecho a la propiedad».
Recalcan que es hora de incorporar a nuestro ordenamiento constitucional y legal, «una sensibilidad distinta que no vea, ni entienda a los adultos mayores como débiles y desprotegidos, sino que como ciudadanos que quieren contar con un bienestar material, democracia y justicia social».
Para ello, indican que se debe avanzar «hacia un nuevo posicionamiento de los adultos mayores en la sociedad chilena, que signifique considerarlos como sujetos de derecho plenos, que pueden contribuir a la comunidad, desde nuevas perspectivas, y para lo cual debemos generar oportunidades para su desarrollo, promoviendo los cambios que sean necesarios para un tratamiento distinto, en razón de su edad».
Santiago de Chile, 29 de octubre 2014
Crónica Digital / Agencias
