Entre las iniciativas comprometidas por la autoridad para las próximas semanas se encuentra el envío al Congreso de un proyecto de ley que establezca dos nuevas universidades estatales en el país, en las regiones de O’Higgins y Aysén. La medida, actualmente en fase de estudio técnico, aparece asociada a una mayor demanda local por ingreso a la enseñanza superior, en el entendido de que, entre 2007 y 2013, la matrícula en ese nivel ha experimentado un alza de 138,9% y 102,5% en dichas zonas, respectivamente (Consejo Nacional de Educación, 2014). En tales regiones operan hoy 11 universidades acreditadas, asunto relevante en la materia, ya que la propuesta en ciernes aparece acotada a ciertas carreras y contempla la posibilidad de activar sistemas de convalidación de estudios entre diversos campus.
En el marco del paquete legislativo que se espera para el sector, se trata de una señal importante, toda vez que da cuenta de un aparato estatal que comienza a despertar de la pasividad a que le ha condenado, hasta la fecha, la Constitución. Pero su relevancia estratégica no radica precisamente en el alza en la demanda, sino en la efectiva posibilidad que tiene el aparato público de hacer gestión para comenzar a cambiar la situación en lo relativo a la calidad de los programas de estudio, por una parte, y, por otra, al vínculo progresivo entre las líneas de investigación que contarán con financiamiento y las orientaciones que asuma la sociedad con miras a elaborar un proyecto integral de desarrollo.
Desde ese enfoque, es posible instalar el proceso en la perspectiva del tiempo y vislumbrar una etapa posterior en la que, hechos los esfuerzos de creación de esas universidades estatales y consolidadas las partidas presupuestarias que fortalezcan el rol de las mismas de cara al país, se restituya el histórico carácter nacional de tales corporaciones, desmantelado por la dictadura militar. Porque ya basta de universidades que compitan entre sí por fondos que gotean desde una concursabilidad que no satisface las necesidades de exploración científica, y porque no es académico el criterio a partir del cual las casas de estudio polemizan para disputarse el número de matriculados, es hora de que las facultades y departamentos diseñen programas de estudios que den respuesta a las necesidades del país, que generen conocimiento y lo pongan al servicio de una sociedad justa, que garantice los derechos sociales de la población. Una corporación pública, gratuita y exigente, podrá aportar a los ciudadanos herramientas de análisis a partir de las cuales pasar de la creación de universidades estatales a la constitución de un Estado nuevo.
Por Academia Libre
Santiago de Chile, 9 de mayo 2014
Crónica Digital
Es un agrado leer sobre como ven Uds, la creación de Universidades Estatales. Pensé que era un lenguaje perdido en el tráfago del dinero. Somos muchos los formados en las Universidades del Estado que conpartimos tal visión .