El movimiento sísmico que azotó al norte del país ha dejado sensaciones contradictorias. Por una parte, las víctimas y daños generan pesar y solidaridad en la comunidad nacional. Por otra, hay una percepción de que los dispositivos de emergencia funcionaron satisfactoriamente en comparación con lo ocurrido el 27/F.
No obstante, esta es una ocasión propicia para llamar a las autoridades a elaborar mecanismos orientados a asistir en emergencias de esta naturaleza a personas que forman parte de grupos altamente vulnerables.
La obligada apertura de las celdas del centro penitenciario femenino de Iquique, situación en la que la autoridad asumió la razonable opción de priorizar la vida de las internas por sobre el riesgo de fugas, y las llamadas recibidas de no videntes que no sabían qué hacer ante la emergencia, son ejemplos que dan cuenta de la necesidad de ajustar los protocolos y dispositivos.
En nuestro Estudio Sobre la Reconstrucción pos Terremoto 27/F desde una perspectiva de derechos humanos, planteamos la necesidad de implementar las directrices operacionales del comité permanente entre organismos (IASC), sobre la protección de los DD.HH. en situaciones de desastres naturales (las que cuentan con reconocimiento ONU). Para que todas las personas tengan un acceso seguro a dicha asistencia debe darse prioridad a los grupos vulnerables, identificando sus necesidades y las medidas para garantizar su acceso igualitario a las prestaciones.
Es necesario instar a que las autoridades conviertan esta catástrofe en una oportunidad de impulsar medidas que contribuyan a que también en esta materia Chile sea un país más justo y respetuoso de los derechos de todos.
Por Lorena Fries Monleón, Directora Instituto Nacional de Derechos Humanos.
Santiago de Chile, 8 de abril 2014
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