El representante de Chile en dicho grupo internacional, diputado Rosauro Martínez, informó a la Sala sobre los alcances de la iniciativa, la cual fue ratificada en forma unánime en la XX reunión de la Comisión de Pueblos Indígenas y Etnias del Parlamento Latinoamericano. Además, comunicó sobre los acuerdos definidos en las Comisiones de Seguridad Ciudadana y de Asuntos Económicos.
Por unanimidad fue aprobado en el contexto de la XX reunión de la Comisión de Pueblos Indígenas y Etnias del Parlamento Latinoamericano (Parlatino) un proyecto de ley marco sobre consulta a los pueblos originarios, según informó a la Sala de la Cámara de Diputados el representante chileno ante dicho grupo internacional, diputado Rosauro Martínez (RN).
Conforme a lo indicado por el legislador, la ley marco, aprobada entre los días 21 y 22 de noviembre de 2013, en la Ciudad de Panamá, determina que “los pueblos originarios y comunidades indígenas tienen derecho a ser consultados, de manera previa e informada, en todos los casos en que sus territorios, tierras, formas de vida, organización social, idiomas, saberes o derechos colectivos e intereses, puedan verse afectados por medidas administrativas, actuaciones del Estado y sus agentes, o actividades de particulares autorizados por estos”.
La norma señala que la consulta tiene por finalidad lograr el entendimiento sobre las decisiones, medidas o actividades programadas por el Estado; en su acción de planificación o ejecución de acciones o políticas que deban desarrollarse en los territorios o tierras indígenas.
La ley marco avanza también en un conjunto de definiciones; fija procedimientos (judiciales y administrativos) para efectuar la consulta, las reclamaciones y las reparaciones (en caso que éstas procedan); determina los órganos de coordinación de la consulta; y especifica que el financiamiento será de costo estatal.
La normativa establece los siguientes principios rectores de la consulta:
1. Oportunidad: siempre debe ser previa a la adopción de las medidas.
2. Interculturalidad: reconoce la unidad en la diversidad.
3. Buena fe: de los actores y respecto de los acuerdos alcanzados.
4. Plazo razonable: será una actividad planificada y de resultados.
5. Igualdad de género: garantizar la participación paritaria de la mujer.
6. Publicidad: su desarrollo será público.
Además, establece que la información suministrada deberá indicar la naturaleza de la medida, actividad, obra o proyecto a realizarse; los motivos y necesidades para ejecutarlos; la autoridad encargada de ellos o que expidió la autorización o concesión; el personal involucrado y los responsables, entre otros puntos.
Finalmente, entre otras consideraciones, se especifican las situaciones en que procederá un proceso de consulta obligatorio. Estas son: planes y proyectos relacionados con políticas de salud, educación y desarrollo agrario y turismo; concesiones mineras, madereras, prospección y explotación de recursos naturales renovables y yacimientos de petróleo; traslados o reasentamientos de pueblos o familias indígenas; reformas sobre instrumentos legales sobre titularidad de tierras; desarrollo de operaciones militares de entrenamiento; permanencia e intervención de grupos u organizaciones religiosas con propósito de difundir sus cultos, alfabetizar, educar o capacitar para el trabajo; construcciones o proyectos de cualquier naturaleza en los lugares sagrados o rituales ubicados fuera de sus territorios; medidas o proyectos de cualquier otra naturaleza que directamente o indirectamente puedan desconocer o afectar los derechos colectivos e intereses de los pueblos y comunidades indígenas sobre sus territorios o tierras por ellos ocupadas.
Otros Acuerdos
El diputado Rosauro Martínez también informó sobre su participación en las reuniones de la Comisiones de Seguridad Ciudadana, Combate y Prevención al Narcotráfico, Terrorismo y Crimen Organizado y de Asuntos Económicos, Deuda Social y Desarrollo Regional, también efectuadas en el contexto del Parlamento.
Respecto de la primera Comisión, detalló que se aprobó por mayoría un proyecto de ley marco de delitos cibernéticos, así como articular esfuerzos del Estado con la sociedad civil para construir una política de seguridad ciudadana. Además, se acordó promover la creación de espacios articulados entre los Poderes Ejecutivo y Legislativo y las organizaciones sociales, así como un análisis de los recursos destinados a esta temática y sus resultados objetivos.
En relación a la Comisión de Asuntos Económicos, el legislador comunicó que se aprobó, tras una segunda discusión, del documento base presentado por el diputado Rodrigo Cabezas, de Venezuela, denominado “La crisis económica global y los desafíos para América Latina y el Caribe. El reto del desarrollo sustentable desde el sur”.
Adicionalmente, acotó, ambas instancias definieron sus respectivas agendas de trabajo para las siguientes fechas de encuentro.
Santiago de Chile, 14 de marzo 2014
Crónica Digital / Agencias
