El pasado 8 de agosto la Contraloría rechazó nuevamente el proyecto de expansión urbana de la región Metropolitana que pretende convertir más de 10 mil hectáreas de suelo agrícola e industrial en suelo para viviendas.
El proyecto que fue aprobado con votación dividida en una cuestionada sesión plenaria del Consejo Regional Metropolitano el 2011, no ha dejado de estar exento de permanentes cuestionamientos, entre los cuales se cuentan el no haber sido sometido a una evaluación estratégica de impacto ambiental como establece la ley ambiental, el haberse eludido la participación de los vecinos y el no haberse cumplido con la obligación de consultar a todas las comunas de la Región que se verán impactadas con un proyecto que cambia la fisonomía de la región por los siguientes 30 años.
La Consejera Regional Eva Jiménez, señaló que “exigimos que la Seremi de Vivienda que de una vez por todas deseche la propuesta del modificación del Plano Regular Metropolitano de Santiago y de paso a un nuevo proceso participativo y sustentable que permita conciliar la necesidad de viviendas sociales con la calidad de vida de los Santiaguinos y no como hasta ahora con los intereses de las inmobiliarias.”
La Directora de ONG Activa, Gloria Requena, quien también es consejera, señaló que “aquí se engaña a la ciudadanía, pues sólo un 8% de las 10 mil hectáreas que se pretenden convertir en urbanas será para viviendas sociales, quedando el resto para la exclusiva especulación inmobiliaria. Incluso se pretende construir en áreas declaradas de riesgo sin que existan estudios que demuestren que no se está atentando contra la vida estos nuevos habitantes.”
La concejala de La Pintana, Claudia Pizarro, quien ha sido una acérrima detractora del proyecto, expresó que “el cambio no uso de suelo no es una respuesta para los habitantes de La Pintana, quienes perderán más de 2 mil hectáreas agrícolas sin pensar en el sustento de quienes hoy viven en dicha comuna de la agricultura.” Agregó que “no es posible hacer un cambio tan trascendente para la región sin considerar la participación ciudadana y sin respetar los derechos de quienes se verán afectados.”·
Las dirigentas, quienes se encuentran representando a más 92 organizaciones ciudadanas que se oponen al cambio del plano regulador metropolitano, señalaron que el Presidente no puede terminar su mandato impulsando una propuesta que afectará el destino de la región por más de 30 años, cuando quedan escasos 7 meses para terminar su mandato y su administración no se hará cargo de sus consecuencias.
Santiago de Chile, 14 de agosto 2013
Crónica Digital
