El retroceso que estamos viviendo en materia de respeto a los derechos humanos y de las garantías inherentes a las personas obliga a levantar la voz y denunciar con la misma fuerza que lo hicimos en dictadura, porque a pesar de ser este un gobierno electo democráticamente, se ha propuesto tejer una red represiva que alarma y que es sustentada por los dirigentes políticos y parlamentarios de derecha.
La primera ofensiva fue el envió de un proyecto de ley que busca forzar legalmente el respeto a Carabineros y Policía de Investigaciones así como prohibir el uso de capuchas en las manifestaciones, pretensión que elude un principio básico, el respeto no se decreta, lo adquieren quienes también respetan y actúan como personas racionales incluso en situaciones complejas, algo muy distante a lo que sucede en cada manifestación pública donde la irracionalidad y prepotencia se apoderan de quienes tienen el deber de mantener el orden sin pisotear los derechos de las personas.
Luego, la acusación cayó como una guillotina sobre la cabeza de los exonerados políticos. Rápidamente la Ministra del Trabajo Evelyn Matthei, señaló que “el Programa fue diseñado para defraudar” denostando y descalificando públicamente a los miles que en dictadura fueron despedidos de sus puestos de trabajo, encarcelados, torturados o exiliados y que efectivamente y sin duda alguna, son exonerados políticos. Pero además vale la pena recordar que la pensión de exonerados no es una pensión de reparación que le signifique al Estado desembolsar impresionantes sumas de dinero publicitadas para impactar a la ciudadanía, la pensión de exonerados se basa en las imposiciones que cada trabajador poseía al momento en que fue despedido, se trata así de la propia plata de los trabajadores.
Con claridad decimos que si hay personas que han hecho uso indebido del Programa, deben enfrentar la decisión de la justicia y no de una comisión creada en el Ministerio del Trabajo, porque ésta no tiene ni la facultad ni la potestad para resolver en estas complejas situaciones.
El golpe de gracias lo dieron los diputados Jorge Ulloa de la UDI y Mario Bertolino de RN, quienes presentaron un proyecto de ley que busca conmutar las penas a condenados hasta 15 años de cárcel por violaciones a los derechos humanos, los que con un lenguaje tramposo tratan de fundamentar la más brutal impunidad para quienes torturaron hasta la muerte, hicieron desaparecer y ejecutaron.
Tras este proyecto está el encuentro que el candidato UDI Pablo Longueira sostuvo con los militares en retiro, a quienes anteriormente el candidato Sebastián Piñera ofreció indulto para los condenados por violaciones a los derechos humanos. Pero también evidencia que la complicidad con la dictadura se mantiene vigente y que para la derecha política la impunidad de los crímenes cometidos contra miles de chilenos sigue siendo válido como mecanismo de complicidad y adhesión a un régimen que violó cada uno de los derechos humanos y pisoteó la democracia instaurando por 17 años un clima de terror y represión constante.
Nosotros, familiares de detenidos desaparecidos reafirmamos nuestro compromiso con la verdad y la justicia al que nunca renunciaremos. El Estado tiene la obligación de propender a que el bien superior de la justicia sea un deber ineludible con las víctimas, la sociedad, el derecho y la normativa internacional que obliga a su respeto.
Sebastián Piñera termina su periodo presidencial en poco tiempo más, demandamos que no se comprometa con el camino que valida el crimen de Estado debilitando gravemente la democracia.
AGRUPACION DE FAMILIARES DE DETENIDOS DESAPARECIDOS
Santiago de Chile, 8 de junio 2013
Crónica Digital
