DECLARACIÓN PÚBLICA
EN RELACIÓN A LOS RESULTADOS DEL INFORME DE CONTRALORÍA SOBRE LOS PAGOS DE PENSIONES A EXONERADOS POLÍTICOS DE LA DICTADURA QUE CUESTIONA PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS DE 1.187 PERSONAS, DECLARO LO SIGUIENTE:
1) Estos antecedentes no constituyen mayor novedad, pues en noviembre del 2011, a partir de una auditoría interna del Ministerio del Interior, se encargó esta investigación, cuyo informe Contraloría ha entregado esta semana.
2) En aquella oportunidad, de acuerdo a los datos recabados, seis casos fueron cuestionados. Por ello, condené el aprovechamiento de la buena fe.
3) De las solicitudes recibidas, sólo di mi certificado en aquellos casos que me parecieron válidos, partiendo de la base de la honestidad de las personas. El aprovechamiento de algunos, no puede poner en cuestión el otorgamiento a aquellas personas que si lo merecen.
4) Este mecanismo permitió que el Estado saldara una deuda histórica con quienes fueron marginados de sus trabajos por razones políticas. El despido de miles de funcionarios públicos por sus ideas, o en muchos casos, por sospechas, fue uno de los tantos abusos a que nos sometió la dictadura; no por el aprovechamiento de algunos, podemos poner en tela de juicio la justicia de este mecanismo.
5) Reitero que pienso que la entrega de pensiones no contributivas a los exonerados ha hecho justicia para miles de personas que fueron expulsadas de sus trabajos solo por razones políticas, cuestión que sucedió una y otra vez en la dictadura militar.
6) Las denuncias de abusos enlodan el compromiso del Estado por enmendar los daños cometidos por la dictadura poniendo en duda la buena fe de quienes actuamos convencidos de que estas reparaciones eran necesarias y justas. Esperamos que la justicia actúe y determine la veracidad de estas acusaciones, y si es así, sancione a los responsables.
ISABEL ALLENDE BUSSI
Senadora de la Región de Atacama
Primera Vicepresidenta del Partido Socialista de Chile
Santiago de Chile, 31 de mayo 2013
Crónica Diigtal
A propósito de este tema y el anuncio del gobierno de formar un equipo jurídico del más alto nivel para que investigue los abusos en el otorgamiento de pensiones de exonerados, sería muy conveniente que también determinara si pensionados, como los señores Sergio Onofre Jarpa o Hermógenes Perez de Arce, son falsos exonerados o exonerados falsos y cual ha sido la base de legitimidad moral de dichos beneficiarios.